El asesinato de un marroquí a su compañero de celda en Morón: le ahogó por la espalda con un cordón
El inmigrante marroquí ha sido condenado a 17 años de prisión por dar muerte a otro reo
![El Centro Penitenciario de Sevilla II en Morón de la Frontera.](https://okdiario.com/img/2024/06/25/ipiccy_image-copia-4-635x358.jpg)
![Borja Jiménez](https://okdiario.com/img/2021/10/20/captura-de-pantalla-2021-10-20-a-las-11.11.32.png)
El jurado popular de la Audiencia de Sevilla ha declarado culpable a un preso de la cárcel de Morón de la Frontera, acusado de asesinar a su compañero de celda en febrero de 2023. El acusado, identificado como O.E.K. y de nacionalidad marroquí, fue juzgado por haber matado «intencionadamente» a su compañero mediante un ataque sorpresivo y por la espalda, sin que la víctima tuviera posibilidad de defenderse.
Según el veredicto, en un momento de aparente tranquilidad en la celda, el imputado asaltó a su compañero por la espalda, asfixiándolo primero con sus brazos y, posteriormente, ahorcándolo al atar su cuello con un cordón de calzado a la litera, ejerciendo la presión necesaria para causarle la muerte. Aunque durante el juicio O.E.K. afirmó que actuó en defensa propia tras una agresión inicial de la víctima y aseguró: «Yo no mato por la espalda», el jurado, por siete votos a favor, concluyó que el ataque fue deliberado y letal.
El tribunal también destacó que el acusado confesó la autoría del crimen desde el inicio y colaboró en la investigación de los hechos, aunque intentó justificar su conducta como una medida de defensa personal.
Tras el veredicto, el fiscal, que inicialmente solicitó 19 años y 11 meses de prisión y una indemnización de 197.820,56 euros a favor de la familia de la víctima por el delito de asesinato, ha mantenido la petición de privación de libertad. En la fase de conclusiones definitivas, tras considerar la atenuante de confesión, redujo su solicitud a 17 años de cárcel, subrayando que la pena debe cumplirse en su totalidad «por la entidad del delito cometido, en atención a la necesidad de garantizar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la norma infringida, dada la odiosidad y gravedad de la conducta delictiva».