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Las residencias de ancianos: «Si no hacen test a nuestro personal el próximo brote será aún peor»

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Efectivos desinfectando de coronavirus una residencia de ancianos.

Los responsables de las dos grandes patronales de empresas que gestionan las residencias de ancianos, FED y AESTE, lanzan un mensaje de alarma: «Si no hacen test a nuestros empleados, el próximo brote de coronavirus será aún peor«.

Desde que el vicepresidente Pablo Iglesias asumió el mando único de los Servicios Sociales, hace ya dos meses, las residencias de ancianos no han recibido del Gobierno ni una mascarilla, ni un equipo de protección personal (EPI), ni un test. Mientras tanto, el número de fallecidos en estos centros asistenciales ha seguido creciendo hasta superar los 18.500.

En la primera semana de marzo, mientras el Gobierno prefería ignorar las noticias preocupantes sobre el coronavirus, los gestores de residencias comenzaron a tomar medidas e intentaron hacer acopio de materiales de protección, y tuvieron que hacerlo a un precio más elevado del habitual. En ese momento, nadie desde el Gobierno les advirtió del riesgo sanitario que ya había declarado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lejos de ayudarles, el Ejecutivo central entorpeció las primeras medidas que estaban tomando las residencias. Al decretar el estado de alarma, el Gobierno de Sánchez asumió el mando único, anunció que centralizaba las compras de material sanitario y requisó miles de mascarillas a algunas empresas.

Los test ‘fake’ de Sánchez

El resultado es que el mercado se cerró: ni las residencias ni las Comunidades autónomas pudieron comprar este material, mientras el Ministerio de Sanidad recurría a intermediarios poco transparentes y gastaba varios millones de euros en adquirir test fakes. El destrozo fue tan importante que, apenas diez días después, Pedro Sánchez se vio obligado a dar marcha atrás y permitió de nuevo que las Comunidades autónomas compraran material por su cuenta.

«Se ha llegado tarde, pero en las últimas semanas la mayoría de Gobiernos autonómicos han comenzado a distribuir mascarillas a las residencias. Desde hace unos diez días están realizando test a los residentes que presentan síntomas, pero no al personal«, explica el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid.

A su juicio, resulta imprescindible hacer el test de Covid-19 a todos los empleados y ancianos de las residencias, teniendo en cuenta que se trata de la población más vulnerable ante esta pandemia, pues la mayoría de residentes son personas mayores con una media de 85 años, polimedicadas y con patologías múltiples.

«Los test nos ayudarán a tener clara la situación, para no mezclar a personas sanas con contagiados», añade, «si no, el próximo brote puede ser peor. Tenemos a ancianos confinados desde hace dos meses en sus habitaciones porque no se les ha podido hacer el test. ¿Habríamos dejado que esto pasara con niños? Es inhumano».

La falacia de los ‘fondos buitre’

Desde el Gobierno, Podemos ha intentado criminalizar a las residencias culpando a la privatización y a los fondos buitre de las más de 18.000 muertes que se han producido cuando el vicepresidente Pablo Iglesias ya era el responsable político de estos centros.

En realidad, los fondos de inversión sólo son titulares del 12% de las 385.000 plazas residenciales que hay en España. Han invertido en la compra de estos inmuebles, pero generalmente confían la gestión asistencial a empresas especializadas en atención a la dependencia.

En España hay 5.425 residencias de ancianos, de las cuales el 70% son de gestión privada (externalizada o concertada, en la mayoría de los casos), mientras que el 30% son de gestión pública directa.  «Las residencias de gestión pública han tenido los mismos problemas que las privadas, se trata de un sector muy regulado e inspeccionado«, señala Fernández-Cid.

«Lo que interesa al ciudadano es que se ofrezca un servicio de calidad», alega por su parte el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero, «yo creo en la libertad de ciudadano para elegir el centro que quieran. Lo importante es que las Comunidades autónomas garanticen que todos los servicios se presten con la calidad adecuada».

Cuando Pablo Iglesias asumió la coordinación de los Servicios Sociales, hace dos meses, AESTE le solicitó una reunión para poder analizar los problemas que las residencias de ancianos estaban sufriendo durante la pandemia del coronavirus. Hasta el momento no ha existido ningún contacto y el Ministerio que dirige Iglesias ha remitido a AESTE a participar en la Comisión parlamentaria sobre la reconstrucción económica, que todavía no tiene fecha de inicio. El sector necesitaba soluciones urgentes para atajar las muertes por Covid-19.

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