Los tóneres se encontraban apilados en cajas de cartón sin ningún tipo de control, ni el etiquetado correspondiente, en una nave industrial de Baños y Mendigo, en Murcia, que además estaba embargada. El inmueble tampoco disponía de medios de extinción ni de vigilancia.
Los tres investigados por la Guardia Civil cobraban por la gestión de estos residuos procedentes distintos puntos de la geografía nacional como Madrid, Barcelona, Toledo, Castellón, Cádiz y Cantabria, entre otros, así como importados desde Italia.