Terrorismo fiscal

No es nuevo esto de emplear la Agencia Tributaria para amedrentar o amenazar a un rival político. Desgraciadamente, lo han hecho todos los gobiernos desde tiempos de Felipe González. Recalco «desde tiempos de Felipe González», y recalco bien, porque a la UCD, que fue precisamente quien instauró el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), no se le hubiera ocurrido semejante amoralidad porque eran personajes de otra estatura intelectual. ¿Acaso se nos ha olvidado lo que le ocurrió a Lola Flores, cuyas cuitas con la Hacienda pública fueron retransmitidas en directo cuando José Borrell era el jefe político de la cosa en su condición de secretario de Estado? ¿O la que le liaron a Pedro Ruiz también a caballo de los 80 y los 90?

La enorme folclórica y el genial humorista fueron linchados públicamente para meter el miedo en el cuerpo a todo ciudadano en edad de pagar. No digo yo que Lola Flores fuera una santa tributariamente hablando, que no lo era, Pedro Ruiz, sí, toda vez que fue absuelto, pero la privacidad inherente a cualquier contribuyente saltó por los aires por motivos ejemplarizantes —que no ejemplares— en ambos casos. Claro que ya por aquel entonces el Ejecutivo socialista se dedicaba a freír a paralelas a los periodistas incómodos: Luis María Anson, Alfonso Ussía, Luis del Olmo y un interminable etcétera saben perfectamente de qué hablo.

No tengo yo conocimiento de que estas prácticas inequívocamente mafiosas se produjeran con José María Aznar, seguramente porque debido a su condición de inspector de Hacienda sabía mejor que nadie que eran manifiestamente ilegales y ajenas a cualquier parámetro ético. La era Zapatero se desarrolló en los mismos términos: estos modus operandi son antagónicos a la personalidad de su biministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, tipo serio donde los haya, personaje de la vieja escuela para el que la Administración del Estado estaba para servir al ciudadano y no para servirse de él, menos aún para extorsionarle como si de Cosa Nostra se tratase.

Nada de lo sucedido antes ha sido tan bestia como lo que estamos viendo a cuenta de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso

No se puede decir lo mismo de la era Rajoy y no tanto por el presidente, al que no veo yo ordenando hurgar en las fichas fiscales de adversarios o periodistas críticos, como por el ministro del ramo, Cristóbal Montoro. Que el jienense se dedicó a intimidar, amenazar y a consumar vendettas vía Agencia Tributaria no me lo van a decir ni a contar. Servidor fue víctima de este avieso sujeto por haber osado desvelar en primicia el cobro de sobresueldos en metálico en Génova 13 y la financiación en B del partido y por publicar los celebérrimos sms de Rajoy a Bárcenas con ese «Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos» que ha pasado a la historia.

La primera noticia, la de los salarios en B a la cúpula del PP, salió a la luz el 18 de enero de 2013. El pollo fue, naturalmente, de los que hacen época. Uno circulaba tan tranquilo por la vida con la satisfacción del deber deontológico cumplido hasta que en julio de aquel año se encontró con una amable cartita de la Agencia Tributaria en la que se me reclamaban 27.000 euros por los cuatro ejercicios que estaban vivos. Me extrañó toda vez que jamás he empleado sociedades para tributar, siempre lo he hecho como persona física, vamos, que lo mío son habas contadas. Me tienen controlado de pe a pa.

Dispararon al matorral a ver si saltaba un vietnamita llamado Eduardo Inda, a ver si me hacían un roto de consideración. No les sonó la flauta. La jugada les salió mal toda vez que almaceno con orden germánico todas las facturas, todos los ingresos y todos los gastos. Consecuencia: la vendetta se les fue al carajo. De los 27.000 pavos que me exigían tan sólo tuve que pagar 700 y todo ello pese a que mi asesor fiscal, inspector de Hacienda excedente, me aconsejó no meterme en recursos y contrarrecursos. «Paga y que les den», me inquirió. Y pagué y les dieron.

No tengo duda alguna de que fue el mismísimo Pedro Sánchez el que ordenó pegar a su bestia negra, Isabel Díaz Ayuso, por pareja interpuesta

No fui el único. Montoro fue a por todos los periodistas indomables que habían optado por tributar sus ingresos en televisiones, radios y demás a través de sociedades. Les dieron unos palos de campeonato pese a que esta modalidad no era explícitamente ilegal. Algunos de ellos tuvieron que vender su casa para pasar a vivir de alquiler por la Montorada. Es verdad que yo siempre huí de este sistema de tributación porque me sonaba demasiado bonito, y todo lo demasiado bonito acaba siendo mentira, y porque mi ángel de la guarda fiscal me lo desaconsejó sistemáticamente.

Pero nada ha sido tan bestia como lo que estamos viendo estos días a cuenta de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Nunca el ministro de Hacienda había propalado urbi et orbi los datos fiscales de un contribuyente. JAMÁS. Y nunca jamás la Fiscalía había filtrado el proceso penal seguido contra un presunto defraudador. Ni Borrell ni Montoro llegaron a estos extremos de vileza que constituyen un delito de revelación de secretos como una catedral.

Esto es más propio de un Estado mafioso como la Rusia putinesca o la Venezuela maduresca. Nada que ver con democracias de calidad, Estados de Derecho asentados, no en descomposición, donde el secreto de las actuaciones del Ministerio de Hacienda es sagrado. No veo yo a Macron ordenando a su ministro de Hacienda hacer públicas las peripecias fiscales del novio de Marine Le Pen; ni a Rishi Sunak hacer lo propio con el líder laborista, Keir Starmer, o con su mujer, Victoria; tampoco a Olaf Scholz pasando la Declaración de la Renta de Charlotte, la pareja del presidente de la CDU, Friedrich Merz.

En España sí es posible como estamos contemplando desde el martes. No tengo duda alguna de que fue Sánchez el que ordenó pegar a su bestia negra, Isabel Díaz Ayuso, por pareja interpuesta. Su objetivo resulta obvio. Es un dos en uno: asesinar civilmente de una vez a la presidenta de Madrid que tiene la santa manía de ganarle siempre por goleada y esparcir una cortina de humo, mierda más bien, para tapar ese caso Koldo que en realidad es el caso Armengol, el caso Ángel Víctor Torres, el caso Ábalos, el caso Marlaska y en resumidas cuentas el caso Sánchez.

Si no dices amén al caudillo monclovita, si osas cantarle las cuarenta, cuentas con todos los boletos para que el aparato del Estado te aniquile

Lo peor de todo es la brutal indefensión y el consiguiente linchamiento al que están sometiendo a Alberto González Amador, un tipo discreto que siempre ha permanecido en segundo plano y que ahora está en la diana al albur del descerebrado de turno. No me gustaría estar en su pellejo. La veda a los insultos por la calle o a una eventual agresión está abierta. El nada implícito mensaje a su novia es perogrullesco: o te vas por las buenas o te las piras por las malas. Primero fueron a por ella manchando el nombre del padre, luego lo intentaron con su hermano, Tomás, y ahora le toca el turno a su compañero.

Por no hablar de las trolas ab initio de toda esta historieta. Tres cuartas partes del presunto fraude fiscal de Alberto González Amador se habrían cometido cuando ni siquiera conocía a Isabel Díaz Ayuso. Otra cuestión: ¿qué tenía que haber hecho ella cuando le dio el primer beso, pedirle la Declaración de la Renta? ¿Pedirle que se sometiera voluntariamente a una inspección o cómo? Lo acontecido representa, en el fondo y en la superficie, un acto machista nivel dios. ¿Acaso una mujer es responsable de lo que hace su pareja cuando ni siquiera están casados, es decir, no tienen gananciales, no comparten sociedad alguna y, para más inri, él jamás ha contratado directamente con la Comunidad de Madrid?

Las mujeres tienen vida propia en el siglo XXI, Franquito Sánchez, a ver si te enteras. Ni un padre es responsable de lo que hace un hijo, ni un hijo de lo que hace un padre, tampoco un marido de la conducta personal de su mujer y viceversa y lo mismo ocurre cuando ni siquiera han pasado por el altar o el juzgado. Salvo que se demuestre que en la trapacería han participado el uno y el otro, cosa que en este no-caso está física y metafísicamente descartado.

Más allá de las particularidades de este episodio, si Alberto es culpable o no, si es un defraudador o San Francisco de Asís, está la moraleja. Y la moraleja es preocupante: si no dices amén al caudillo monclovita, si te atreves a cantarle las cuarenta, si eres un verso suelto, cuentas con todos los boletos para que el aparato del Estado te aniquile. Esto sí que es lawfare y no lo que se han inventado el presidente del Gobierno y sus coleguitas independentistas para desautorizar a unos jueces que son lo mejor que tenemos en este país todavía llamado España. Lo que está padeciendo Isabel Díaz Ayuso tiene un nombre: terrorismo fiscal. Y el terrorismo fiscal es propio de autocracias que se hallan a kilómetro y medio de la dictadura de facto. Hoy es Isabel, mañana puede ser Feijóo, pasado Abascal y al otro cualquier periodista tocapelotas o usted mismo, querido lector, si le da por firmar un manifiesto contra el marido de Begoña Gómez. Lo que está en juego no es la credibilidad de Isabel Díaz Ayuso, que tras la enésima campaña falsaria verá cómo se dispara nuevamente en las encuestas, sino nuestras libertades. Ésa, y no Alberto González Amador, es la cuestión. Que no nos distraigan con el novio.