La UCO analiza el sobreprecio de las mascarillas ‘fake’ de Armengol por las que pagó 3,7 millones

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizará, en el inminente informe que remitirá al juez, el sobreprecio de los 1,4 millones de mascarillas fake de Francina Armengol, que costaron 3,7 millones a las arcas públicas en 2020.

La UCO está a punto de terminar un informe demoledor sobre Francina Armengol y las adjudicaciones a la trama Koldo. Fuentes consultadas aseguran que los investigadores se centrarán en las mascarillas que la ex presidenta de las Islas Baleares contrató a la empresa Soluciones de Gestión.

Los materiales de protección resultaron defectuosos y la trama se encargó de evadir la reclamación que les habría costado millones de euros. Distintos funcionarios del Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut) de la Administración de Francina Armengol gestionaron estos contratos.

La Audiencia Nacional pidió el pasado mes de abril a la UCO este informe específico sobre la compra de mascarillas. El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, requirió mediante un oficio el informe detallado que verá la luz antes de que acabe este mes de julio.

El contrato de mascarillas de la Administración de Francina Armengol fue inicialmente investigado por la Fiscalía Europea al haberse financiado con fondos comunitarios. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que la competencia para investigar este contrato correspondía a la Audiencia Nacional, motivo por el cual la Fiscalía Europea remitió la documentación al juzgado de Ismael Moreno en febrero de este año.

A raíz de los datos que se contengan en este informe, el instructor de la Audiencia Nacional podrá imputar a nuevos responsables, entre los que se podría encontrar Francina Armengol. La presidenta del Congreso gestionó directamente este contrato de mascarillas con Koldo García y existen mensajes entre ambos sobre ello.

La UCO registró el Ib-Salut

Los agentes de la UCO se personaron en la sede del servicio sanitario balear para obtener documentación del expediente del contrato para la entrega de mascarillas sanitarias a Soluciones de Gestión. En concreto, los agentes visitaron la sede del Ib-Salut en la calle Reina Esclaramunda de Palma de Mallorca.

El servicio sanitario corroboró que la UCO acudió a sus dependencias a solicitar documentación entonces a instancias de la Fiscalía Europea. La documentación luego pasó a la Audiencia Nacional al asumir de nuevo la rama balear de la investigación.

Más contratos con la trama

El contrato de mascarillas fake no es el único que pesa sobre Francina Armengol. También hubo otras adjudicaciones relacionadas con la trama de empresarios que se hicieron con obras públicas a cambio de mordidas.

Una de ellas es el contrato de 10,4 millones para construir la residencia de mayores de Son Dureta pagado al constructor imputado José Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción.

Este empresario valenciano pagaba una «pensión» mensual de 2.600 euros a José Luis Ábalos, según el último informe de la UCO al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El dinero fluía desde las cuentas de la constructora valenciana hasta los bolsillos de Ábalos y su ex asesor Koldo García, quien se quedaba con 1.100 euros de los 2.600 totales.

La Guardia Civil ha documentado este sistema de pagos recurrentes que funcionaba a través de una empresa pantalla vinculada a Juan Carlos Etero. Se trataba de un reparto que mantenía contentos a ambos mientras las obras públicas seguían cayendo en manos de Ruz.

El pufo de Francina Armengol

El modus operandi se repetía en cada territorio: conseguir el contrato, empezar las obras y abandonarlas. Así ocurrió en Son Dureta, donde 120 plazas para mayores dependientes quedaron en el aire cuando Levantina se declaró en quiebra. 

El empresario beneficiado por Francina Armengol alegó que no podría terminar las obras de Son Dureta debido a los robos sufridos y el vandalismo. También argumentaba que la situación originada por la guerra de Ucrania había generado escasez tanto de materiales como de mano de obra en el sector de la construcción. Posteriormente, admitió que su empresa tenía deudas millonarias con sus proveedores.

El pufo que dejó Francina Armengol gracias a la trama ha sido subsanado por el Gobierno de Marga Prohens. La Consejería de Familia y Asuntos Sociales se vio obligada a convocar un nuevo concurso en octubre de 2024 tras la quiebra de Levantina.

Lo hizo para la finalización de las obras por un importe de 6,8 millones de euros. La constructora mallorquina Construye Capital, única que se presentó al concurso, se ha adjudicado la finalización de las obras.