La Audiencia Nacional pide a la UCO un informe sobre la compra de mascarillas ‘fake’ por Armengol

La Audiencia Nacional pide a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe específico sobre la compra de 1,4 millones de mascarillas fake por 3,7 millones de euros en 2020 por el anterior Govern socialista presidido por la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En concreto, el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha requerido a través de un oficio al que ha tenido acceso OKDIARIO, un informe detallado sobre el expediente relacionado con la compra de ese material sanitario durante la pandemia, en el marco del denominado caso Koldo.

Un contrato adjudicado a la empresa Soluciones de Gestión SL que fue inicialmente investigado por la Fiscalía Europea al haberse financiado con fondos comunitarios. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que la competencia para investigar este contrato correspondía a la Audiencia Nacional, motivo por el cual la Fiscalía Europea remitió la documentación al juzgado de Ismael Moreno en febrero de este año.

El objetivo del juez con esta providencia es ver si hay caso de corrupción y si es así citar a los responsables del Govern de Armengol como investigados o en calidad de testigos.

Por ello, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de Ismael Moreno insta a que se de traslado completo del expediente remitido por la Fiscalía Europea a la unidad policial encargada de la investigación al objeto de que, previo examen y análisis de la información que obra en el mismo, procedan a la elaboración del oportuno informe respecto a su contenido.

El juez adjuntará este informe exhaustivo a los expedientes que ya ha solicitado y que, posteriormente, transmitirá a las partes.

En marzo de 2024 la Fiscalía Europea anunció la apertura de una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la pandemia por los servicios de salud pública de Canarias y Baleares, para el suministro de mascarillas con empresas de la trama del llamado caso Koldo.

Tras recibir una denuncia de un particular, la Fiscalía Europea llevó a cabo diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados, como recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número 2, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la UE.

Por ello, en abril del año pasado se personó en la sede del IB-Salut en Palma un equipo de la UCO de la Guardia Civil en representación de la Fiscalía Europea. Los agentes estuvieron en el edificio de la Calle Reina Esclaramunda hasta entrada la madrugada para revisar toda la información que les interesaba y se llevaron la que consideraron primordial para la investigación, como el referido expediente.

La primera de las presuntas irregularidades a dilucidar en este caso es por qué el Ejecutivo de Armengol pagó de una tacada a la empresa clave de la trama del caso Koldo los 3,7 millones sin haber formalizado tan siquiera el contrato para su compra, sin saber si eran o no válidas, y tras una llamada telefónica de una compañía, como Soluciones de Gestión, que nunca antes le había suministrado material sanitario al IB-Salut.

El Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) dio el visto bueno el 12 de agosto de 2020 a las mascarillas a pesar de que ya había recibido en junio los resultados de los análisis, constatando que el material adquirido no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2 y que, por tanto, eran fraudulentas.

Para más inri, el Govern de Francina Armengol no inició los trámites para reclamar el dinero desembolsado por las mascarillas fake hasta julio de 2023, tres años después.