Los policías se querellan contra Belarra por un delito de odio tras tildarlos de «fascistas»

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha querellado contra la líder de Podemos, Ione Belarra, ante el Tribunal Supremo (TS) por delito de odio e injurias tras sus declaraciones en Torre Pacheco (Murcia) tildando a los agentes de «fascistas». Emprende acciones legales contra la diputada y exministra «para poner coto a la impunidad con la que se ataca a los hombres y mujeres del colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado poniendo en riesgo el principio de autoridad y la propia integridad de los agentes».

El SUP sostiene que las «gravísimas acusaciones» de Ione Belarra «no deben quedar impunes», ya que suponen «una acusación generalizada y difamatoria contra las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sugiriendo la existencia de vínculos ideológicos entre los funcionarios públicos y grupos radicales neonazis».

Destaca que dichas declaraciones implican «una seria descalificación pública» de la conducta profesional del conjunto de seguridad del Estado, que, «lejos de limitarse a un mero pronunciamiento político constituyen una acusación genérica, falaz y gravemente ofensiva contra el colectivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Descrédito y desprestigio

El sindicato señala en la querella que el efecto de las afirmaciones de Belarra «no es neutro ni abstracto, pues habiendo sido emitidas por una representante parlamentaria ante medios de comunicación nacionales, dichas manifestaciones tienen una influencia social, que puede derivar en la generación de sentimientos de hostilidad y rechazo hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Respecto al delito de injurias graves recuerda que el bien jurídico protegido por este precepto penal es el prestigio de las instituciones, como así lo recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia número 252/2023, de 11 de abril.

«Las expresiones vertidas públicamente por Belarra tienen como finalidad el descrédito y desprestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atentando directamente contra el bien jurídico protegido, pues se pretende menoscabar el prestigio al vincularla con grupos neonazis y de ideología neofascistas e incluso con una actuación racista, con temerario desprecio hacia la verdad, constituyendo la conducta tipificada por el artículo 504.2 del Código Penal», denuncian desde el sindicato.

Además, el SUP manifiesta que «la masiva difusión que han tenido estas lamentables afirmaciones agrava notablemente las injurias, debido al alcance y repercusión que dichas expresiones pueden generar en la sociedad y en la imagen pública que esta tenga sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado».

Y destaca que no sólo por el hecho de ser funcionarios públicos de la Policía Nacional implica que «deban soportar todo tipo de ataques contra su honor personal ni el de la Institución a la que pertenecen, sino que, por el contrario, también deben gozar de la debida protección».

Denuncian que estigmatice al colectivo

Por otra parte, sostiene que los hechos son también constitutivos de un delito de odio, previsto y penado en el artículo 510.1.a) del Código Penal, «al haberse emitido públicamente declaraciones que incitan de forma indirecta al descrédito, desprecio y rechazo social contra el colectivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estigmatizando globalmente a todos los agentes de los distintos Cuerpos».

«En este caso, la exclusión ideológica se produce al atribuir de forma generalizada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una ideología antidemocrática, concretamente de corte neonazi o neofascista», razona el sindicato.

Y condena que esta imputación colectiva «transmite la idea al conjunto de la sociedad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están contaminadas por valores de este corte, lo que tiene como efecto directo el descrédito institucional, la pérdida de legitimidad pública y la generación de hostilidad social».

El Sindicato Unificado de Policía confía en que el Supremo valore todos los elementos y jurisprudencia alegados en la querella y ponga fin «a esta injusticia que afecta gravemente a los miles de hombres y mujeres que prestan servicio diario en defensa de los derechos y libertades de toda la ciudadanía».