Y si ilegalizan a la ANC por sus relaciones con los violentos como hicieron en el País Vasco con ANV

El protagonismo de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en las revueltas violentas en Cataluña, promovidas por la fantasmagórica franquicia independentista Tsunami Democràtic y ejecutadas por los también espectrales Comités de Defensa de la República (CDR), colocan a la asociación secesionista de Forcadell y Jordi Sánchez en el punto de mira de la Justicia.

Todas las investigaciones apuntan a la ANC -algunas de ellas desveladas por OKDIARIO- como la instigadora de las acciones callejeras y la invasión con una organización casi militar del aeropuerto del Prat. En todos esos movimientos la ANC tensó los hilos desde la sombra y para ello se sirvió del anonimato de un ectoplasma bautizado como Tsunami Democràtic.

Al mismo tiempo, los CDR actuaron como un brazo armado que protagonizaron las algaradas incendiarias. Tal es así que los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional están catalogando a los hooligans defensores de la República bajo la tipología legal de terrorismo.

Sospechosamente, como denunció este periódico, la página web de Tsunami Democràtic y sus tentáculos en las redes sociales fueron registrados por las misma sociedad canadiense, que se sirvió de una pantalla opaca en un paraíso fiscal del Caribe para ofrecer el mismo servicio a ANC. Se trata de la misma plataforma que la Asamblea se sirvió para el mecanismo de un recuento paralelo de los votos durante las elecciones catalanas de 21 de diciembre de 2017. En aquella ocasión la asociación independentista también se vio ayudada por la CUP y los bravucones CDR.

El antecedente de ANV en el País Vasco

Las actuaciones clandestinas de ANC la sitúan en el disparadero de la Justicia. Fuentes de la Audiencia Nacional la colocan en unos parámetros similares a los de Acción Nacionalista Vasca (ANV), que fue ilegalizada en 2008 por el Tribunal Supremo.

Si las investigaciones de la Guardia Civil logran demostrar las relaciones de ANC con los filoterroristas CDR y con Tsunami Democràtic -algunas de cuyas acciones alcanzan la categoría de «violencia organizada»- puede verse en una situación muy comprometida. Sobre todo, a raíz de las detenciones del comando independentista que fabricaba artefactos explosivos y de la actuación de las células criminales que sembraron el terror en Barcelona. Los investigadores creen que los líderes de todas esas manadas violentas están conectados con miembros de la cúpula de ANC.

ANV era un partido vasco, fundado en 1930, que también se autoproclamaba como republicano e independentista de izquierdas. Recuperó sus actividad política en 1977 en las primeras elecciones democráticas del 15 de junio. Sin embargo, en 2008, el Tribunal Supremo decretó su ilegalización al considerar que «defendía soluciones violentas como heredero de Batasuna». La formación abertzale ya había sido declarada fuera de la ley por su implicación directa con la banda terrorista ETA.

La violencia justifica la ilegalización

Un año antes, ANV se había presentado a las elecciones municipales del País Vasco y Navarra para cubrir el hueco de Batasuna. El Partido Popular pidió su ilegalización pero Baltasar Garzón, entonces magistrado en la Audiencia Nacional, dictaminó que no había motivos objetivos. Pero el PP recurrió ante la Fiscalía General que ilegalizó 133 de las candidaturas en aplicación de la Ley de Partidos.

En 2008 Garzón cambió de opinión y suspendió las actividades de ANV por tres años, impidiendo que se presentara a las elecciones de aquel año. Además imputó a tres de sus dirigentes por colaboración con ETA. Los futbolistas de la Real Sociedad, como hace ahora el Barcelona, emitieron un comunicado protestando por lo que calificaban como una decisión política. Los futbolistas apelaron al diálogo entre todas las partes «como solución al conflicto vasco». ¿Les suena tales soflamas? La historia se repite pero en Barcelona.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en una resolución del 18 de septiembre de 2008, decretó la ilegalización y la disolución de ANV, tras una dura acusación de la Fiscalía General, entonces dirigida por Cándido Conde Pumpido. Los fiscales argumentaron que ANV estaba vinculada a Batasuna, que funcionaba como un tentáculo de ETA. La sentencia fue avalada por el Tribunal Supremo, que censuraba al grupo vasco por legitimar la violencia para obtener réditos políticos. El alto tribunal también denostaba la negativa de ANV a condenar las acciones terroristas de ETA. ¿Les suena también todo esto?

ANV recurrió al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo alegando que su ilegalización vulneraba la Convención Europea de Derechos Humanos, pero el TDDH reconoció que el grupo vasco era una amenaza para la Democracia Española.

Al partido vasco proetarra le aplicaron el capítulo III sobre la disolución y suspensión judicial de la Ley Orgánica 6/2002 por “asociación ilícita” y “vulnerar principios democráticos de manera reiterada”.

Hace una semana, el Parlamento Europeo aprobó una resolución similar en la que, en su apartado 20, instaba a los gobiernos a perseguir a las asociaciones -como ANC- que “propaguen discursos de odio y violencia”.

Una presidenta incendiaria

ANC, como sucede con el inefable Quim Torra, en lugar de rechazar la violencia callejera, se ha comportado durante todo el proceso como un bombero pirómano. Y ese es quizás el reflejo más cristalino de su cohabitación con los tsunamis y los CDR. Su presidenta, Elisenda Paluzie, además no ha disimulado sus inclinaciones favorables a las algaradas callejeras. Ha llegado a declarar, vergonzosamente, ante las cámaras de TV3 que los disturbios en Cataluña han servido para «hacer visible el conflicto». Intolerable para una activista de la sociedad civil que recibe, aunque sea indirectamente, subvenciones del Estado.

La sucesora de Jordi Sánchez -otro que se presenta como pacifista pero que incitaba a la violencia a sus seguidores subido en un automóvil en octubre de 2017- manifestó: «Estos incidentes son los que hacen que estemos en la Prensa internacional de manera continuada».

La muy zoquete desconoce que esas mismas imágenes lo que consiguen es provocar la diáspora de empresas catalanas y el desprestigio internacional. Algunos ya comparan a Cataluña con las revueltas de Chile o de Bolivia. Sus palabras sólo sirven para ahuyentar a los turistas, los cruceros y las empresas multinacionales que eligen Barcelona para sus congresos. ¿Les va a compensar ANC esa fractura económica a los habitantes de la región?

Tras las manifestaciones de la Evita barcelonesa, que estudió en Londres con una beca de La Caixa -entidad bancaria que huyó de Cataluña por culpa de personas como la irredenta Paluzie- Sociedad Civil Catalana (SCC) ha presentado una denuncia contra ella ante la Fiscalía por los delitos de «odio y apología de la violencia».