Sánchez acaba con el Estado de derecho

El Estado de derecho es el marco en el que todos los ciudadanos son responsables ante las mismas leyes, todos están sometidas a ellas de la misma manera, limitadas todas las actuaciones por un marco jurídico, en el que la Constitución es la que marca, claramente, dicho Estado de derecho.

Pues bien, Sánchez, con su pacto con ERC y con el prófugo de la Justicia, Puigdemont, acaba, realmente, con el Estado de derecho, pues pacta una norma inconstitucional, como la amnistía, que genera desigualdad entre los ciudadanos, y viene a decir que España es un Estado opresor, al anular los delitos cometidos por quienes trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017. Es más, con ello, se avalan esas actuaciones y se censura las del Estado; se apoya la sedición que hubo entonces y se ataca a la Constitución; se pone del lado de los sediciosos y en contra de los jueces, de la soberanía nacional encarnada por Las Cortes, del poder ejecutivo de entonces, de los partidos que lo apoyaron -es decir, hasta de él mismo en aquella época- y del Rey.

Desde este jueves, España se desdibuja como democracia, pues la base sobre la que se asienta, la Constitución y, con ello, el Estado de derecho, los ha hecho saltar por los aires Sánchez con su pacto humillante para España, vergonzoso para la política, dañino para la democracia. En ese pacto, les abre la puerta a los independentistas catalanes a concederles un sistema de financiación propio, sin ejercer la solidaridad con el resto de regiones -que sería inconstitucional, como concluye la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado-; les garantiza el acceso a los mercados financieros, que sólo puede llegar por la condonación de toda la deuda, no sólo del ya aberrante 20%, pactado con ERC, que entronca con el estudio que propone el PSOE sobre el impacto en Cataluña del actual modelo de financiación; incluye la figura del mediador internacional, como si España fuese una dictadura en la que no existiesen garantía jurídica.

Asume el llamado lawfare o judicialización de la política, donde, mediante comisiones de investigación podrán establecer que determinados asuntos se encuentran dentro de esa judicialización de la política, de forma que supondrá una intromisión parlamentaria en las decisiones judiciales, absolviendo a delincuentes y persiguiendo a jueces que procesaron a dichos delincuentes, acabando ya totalmente con la separación de poderes -tal es la barbaridad que se han opuesto todas las asociaciones de jueces, incluido Jueces para la Democracia, y de fiscales, así como el Colegio de Abogados de Madrid y el CGPJ; y concede a Cataluña la representación en todos los organismos internacionales.

Todo ello, en un texto en el que el PSOE asume los postulados de Junts sobre el referéndum de octubre de 2017 que se convirtió en un intento de golpe de Estado en Cataluña, pues llega a responsabilizar al TC de haber anulado en 2010 partes del Estatuto Catalán de 2006, claramente inconstitucionales, atacando en el documento, así, de nuevo, a la división de poderes.

Vivimos momentos gravísimos, momentos que ya vivieron otros países antes de encaminarse hacia dictaduras, aunque se revistan de democracia, como es el caso de Venezuela, por ejemplo. Seguimos pensando que «eso aquí no puede pasar» y ya está empezando a suceder.

Sánchez va controlando, una a una, todas las instituciones del Estado, eliminando los contrapesos. Lo único que le falta por controlar es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y parte del Tribunal Supremo. Ya tiene el Constitucional para que le avale su inconstitucional amnistía, que tramitará como proposición de ley de los grupos parlamentarios para eludir los informes preceptivos previos, como el del CGPJ. Este órgano, ante esa circunstancia, se ha adelantado y ha aprobado una declaración contra la amnistía, donde deja clara su posición, al decir que es incompatible con el Estado de derecho.

Del mismo modo se han manifestado las principales asociaciones de jueces, incluida Jueces para la Democracia, como decía antes. Por mucho que en la noche del jueves el PSOE dijese que no se trata de eso, la literalidad del documento del pacto y claro que dice eso, y el PSOE lo aceptará porque se lo exigirá Puigdemont para cada votación durante la legislatura, y Sánchez lo llevará adelante con tal de permanecer, como ha demostrado con este acuerdo vergonzoso para seguir en el Gobierno. Incluso la UE ha enviado una carta donde muestra su preocupación al respecto de la amnistía. Imagino que cuando lea lo relativo al lawfare su preocupación será, todavía, mayor.

Son una amnistía y unos acuerdos aberrantes, que, además, puede incluir hasta el olvido de delitos de terrorismo, puesto que Puigdemont ha sido imputado por ese presunto delito por el juez García-Castellón. La UE debe reaccionar rápidamente y parar este ataque de Sánchez y sus socios a la Constitución, a la separación de poderes y al Estado de derecho; debe hacerlo para protegernos a todos los españoles de este oscuro camino por el que quiere meternos Sánchez.

Sánchez está acabando con nuestro Estado de derecho, vaciando el contenido de la democracia para dejar sólo la apariencia del continente, pero sin nada dentro que garantice nuestra igualdad ante la ley, nuestro Estado de derecho. Está trabajando para cambiar de régimen a marchas forzadas, todo por mantenerse como presidente del Gobierno tras haber perdido las elecciones.

Lo de menos es que sea o no presidente el Gobierno, sino cómo va a serlo: acabando con la esencia de nuestra Constitución -que prometió guardar y hacer guardar-, de nuestro Estado de derecho, de nuestra democracia y de nuestra libertad. Sánchez está demoliendo la Constitución, que prometió guardar y hacer guardar, insisto, está acabando con el Estado de derecho, está traicionando todo lo que se comprometió defender al prometer su cargo. No lo hace por el bien de España, como dijo hace unos días, sino por su interés personal.

Todo lo que está sucediendo, gravísimo, es responsabilidad directa de Sánchez, que, además, provoca el enfrentamiento entre los españoles. Todo por el puesto de una persona, de su persona, que es lo único que le importa. Sánchez ha desatado una crisis institucional, constitucional y de convivencia que se había dejado atrás hace muchas décadas.

Entramos en una senda desconocida, que no sabemos a qué lugar nos llevará, pero que produce escalofrío viendo el destino de Venezuela. Hasta este jueves, claramente éramos una democracia; a partir de este pacto, no lo tenemos claro, pues este pacto acaba con el Estado de derecho, con la Constitución y con la separación de poderes, bases de nuestra democracia, y Sánchez es quien encabeza esta demolición, por su puro interés personal, que lo situará en la Historia como el autor de una felonía a la altura de la ignominia, o quizás más allá, de la de Fernando VII.