Ojo, que también van a por la Guardia Civil en Baleares

Desde el Gobierno, a través de Sumar, han puesto en la diana a los agentes de la Guardia Civil que desarrollan su trabajo en Baleares. La formación que lidera -de aquella manera- Yolanda Díaz pretende sancionar por falta muy grave -hasta seis años de suspensión de empleo- a los miembros de la Benemérita que no entiendan el catalán y no tramiten las denuncias en esta lengua, una iniciativa que es la máxima expresión del sectarismo. Y es que Sumar ha presentado una pregunta parlamentaria en la que cuestiona al Gobierno sobre los «motivos por los que agentes de la Guardia Civil, que desempeñan sus labores en la Illes Balears [sic], no entienden el catalán y se niegan a tramitar una denuncia en catalán», pues en su opinión «las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado no pueden negarse a tramitar una denuncia en catalán».

«Se trata -añaden- de un comportamiento intolerable». Ellos mismos recuerdan que el régimen disciplinario de la Guardia Civil contempla la separación del servicio, la suspensión de empleo desde tres meses y un día hasta un máximo seis años y la pérdida de puestos en el escalafón.

A nadie se le escapa que tras este ataque de Sumar a la Guardia Civil se esconde su intención de expulsarla de Baleares, al modo y manera en que lo están siendo de Cataluña, donde la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) denunció que se está llevando a cabo una «colonización indebida de las competencias» de la Benemérita por parte de la policía autonómica catalana en servicios como el de emergencias 112 en Cataluña.

Lo que está pasando responde al mismo patrón que se ha seguido también en el País Vasco. Para la izquierda radical, Baleares forma parte de los Países Catalanes y, en consecuencia, hay que imponer la dictadura del catalán sin matices. Puro totalitarismo lingüístico. Lo malo es que Pedro Sánchez no va a mover un dedo por defender a la Benemérita. Más bien todo lo contrario.