Necesitamos un Gobierno responsable

Desconozco, por no ser experto en la materia, si el confinamiento general de la ciudadanía es la medida más oportuna para luchar contra la pandemia del coronavirus (parece que lo es) o si, por el contrario, sería preferible haber optado por la denominada inmunidad de grupo. Sin embargo, sobre lo que no tengo ninguna duda es que, si optamos por el confinamiento, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, es insuficiente y, en concreto, el artículo 7 (“Limitación de la libertad de circulación de las personas”) apartado c) (“Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresaria”). Me explico. Si se opta por el confinamiento general, éste debe realizarse de manera total, pero si dentro de las excepciones a las limitaciones de libertad de movimiento se incluye, como se ha hecho, que los ciudadanos podamos acudir a nuestro centro de trabajo con carácter general, se está autorizando el principal motivo por el que nos desplazamos cada día, mermando en gran medida la efectividad de las medidas.

Desgraciadamente, no todos los trabajadores tienen la suerte de poder trabajar desde sus casas y, sin embargo, todos tienen que pagar hipotecas, alquileres, luz, agua, IBIs y, por tanto, no se pueden arriesgar a perder la principal fuente de ingresos, anteponiendo esta circunstancia a la propia salud (no digo que esto deba ser así, simplemente constato que lo es). Por tanto, el Real Decreto hace aguas autorizando que los españoles puedan acudir a sus lugares de trabajo, debiendo haberse realizado una prohibición generalizada de movimiento, estableciendo el propio Real Decreto las pertinentes excepciones para aquellos profesionales que se desempeñan en sectores estratégicos (como el personal sanitario, cadena alimentaria, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, etc.). Como es lógico, esta prohibición absoluta a la libre circulación de las personas debiera ir acompañada de medidas excepcionales de carácter económico. En este sentido, el tiempo dirá si las incluidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, son suficientes o no.

Además de lo anterior, se debe llamar la atención sobre el uso torticero que ha hecho este Gobierno de la figura del Decreto-ley al incluir, en su Disposición Final Segunda, la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para el CNI en orden a asegurar la presencia de Sr. Iglesias en la misma. Este hecho, además de ser contrario a los principios más elementales de la técnica legislativa, plantea serias dudas en cuanto a su constitucionalidad. Y, cuestión no menos importante, pone de manifiesto que estamos ante un Gobierno que no deja pasar ninguna oportunidad en su afán por controlar todos los resortes de las principales instituciones del Estado, ni si quiera cuando la nación está viviendo un momento de emergencia nacional de tal calibre que los de mi generación no recordamos otro equivalente.

Tenemos un Gobierno sobrepasado por los acontecimientos, cuya principal preocupación debiera ser, además de controlar la expansión del virus, dotar a todos los profesionales sanitarios de los instrumentos mínimos que necesitan para realizar su labor de manera segura. Y, según las últimas noticias, no está a la altura de las circunstancias. Pero, en cualquier caso, ¿de qué nos sorprendemos cuando hace escasos días el Gobierno llamaba de manera irresponsable a la movilización masiva de los ciudadanos con motivo del 8M bajo la soflama de que nos iba la vida en ello? Y quizá lo más grave es que todavía estamos esperando que nos pidan disculpas, lo que, tras la comparecencia del Presidente este miércoles en el Congreso, parece tan poco probable como que el Estado de Alarma dure (solo) quince días.

En fin, creo sinceramente que, desde la tribuna política, no es momento de reproches, sino de sentido de Estado y, fundamentalmente, buena gestión pública para, entre todos, salir de esta situación lo antes posible. Ahora bien, junto con lo anterior, la oposición no debe olvidar todo lo que se ha hecho mal y pedir las oportunas responsabilidades en el momento oportuno.