El Ministerio de Igualdad y la desigualdad del Coronavirus

Podemos ponernos sarcásticos y decir que el Ministerio de Igualdad debería desaparecer porque no ha conseguido que las defunciones sean paritarias: mueren muchos más hombres que mujeres. Pero, ya sin asomo de sarcasmo, este Ministerio tan importante debería pronunciarse ante la obviedad de que se están produciendo situaciones que llevan a pensar que se niega la igualdad en atenciones vitales a un sector importante de la ciudadanía: el de la “gente mayor”.

Entre Madrid y Cataluña sumamos dos tercios de las defunciones totales de España. Sanidad instruye no computar los muertos con síntomas si no hay previamente un test. Así que las cifras son un festival. Y, si hablamos de residencias de mayores, un descontrol absoluto. Tenemos 2908 muertos oficiales en Cataluña, la comunidad más afectada. Y diversas voces se alzan ante la gravedad de lo que se vive en nuestros geriátricos. Ayer, sin ir más lejos, el vicepresidente de Societat Civil Catalana y experto en
Medicina Preventiva y Salud Pública, Àlex Ramos, denunciaba que “dejar morir un paciente por el simple hecho de tener más de 75 o 80 años sin haber pedido ayuda antes al gobierno español o a alguna otra comunidad autónoma nos parece un gran error”. Creo que “error” no sería la palabra adecuada. Si no se está haciendo todo lo posible es directamente un crimen.

Si la Generalitat no se aviene a valorar alternativas que pasen por España y por otras comunidades autónomas, se deja al personal sanitario en un callejón sin salida, traspasándoles una responsabilidad que sobrecarga su ya difícil situación y un dilema ético fuera de cualquier medida.

Si la única solución que se les ocurre, en estos momentos de sobrecarga y descontrol, son las medidas paliativas y la administración de esa morfina que facilita pasar más suavemente a la otra vida a los mayores de 80 años, esto es un desastre. ¿De verdad les parecería a los dirigentes catalanes una buena medida para sus padres llegado el caso? Pedir ayuda al resto de España es la opción lógica, si es que la lógica no nos abandonó hace muchos años y no ha sido recuperada ni para ser compasivos con nuestros conciudadanos.

En vez de reconocer su incapacidad y tragarse resabios ideológicos que ahora rozarían lo delictivo, la Generalitat parece tirar por el camino de en medio. Así se han sacado de la manga la opción del regreso al hogar familiar. Los parientes tienen permiso para llevarse los ancianos a casa.  Sin embargo, eso podría poner en peligro a quienes residen allí y crear un nuevo foco de contagio. Sin mencionar que mucha de la gente mayor requiere unas atenciones muy especializadas que será imposible disponer en un domicilio particular.

Lo mínimo que se podría exigir en este caso sería hacerles el test del Covid-19, y tampoco esto está claro. Hay que recordar que lo que sabemos hasta ahora es que algunos investigadores alertan de que una persona podría tardar hasta 37 días en expresar los síntomas de esta enfermedad. Así que la obligación del Govern es explicar muy claramente qué tipo de pruebas se realizarán tanto a residentes como a familiares de acogida, y que se estará al tanto de cómo evoluciona la situación durante las siguientes semanas. La impresión es que, con esta estrategia, lo que se busca es disminuir la responsabilidad en el cuidado de la salud de los residentes y bajar el número de fallecidos, ya que sin el debido control no se computarían.

En fin, que, cuando pase esto, tanto el Ministerio de Igualdad, como el Síndic de Greuges y otros tantos organismos tendrán mucho que investigar. Otra cosa es que quieran, pues la culpa ahora no podrían atribuirla a la derecha.

O sí.