Un Gobierno reñido con la libertad

Un Gobierno reñido con la libertad

La decisión del Grupo Socialista de presentar una proposición no de ley (PNL) en la que se insta al Gobierno a combatir discursos «machistas» y «negacionistas» en la violencia de género plantea serios interrogantes legales en cuanto puede suponer de cortapisa al derecho a la libertad de expresión y opinión, consagrados en la Constitución. El concepto «combatir», aplicado a un Gobierno, resulta inquietante. ¿Qué entiende el PSOE por combatir? De la misma manera que resulta lógico combatir políticamente el machismo, el combate -si lo plantea el Gobierno- adquiere una connotación distinta y preocupante en cuanto se pretenda limitar la libertad de opinión a través del Código Penal.

El Gobierno ya dio muestras de una actitud totalitaria cuando anunció su intención de convertir en delito la apología del franquismo. Lo ha dejado claro el Tribunal Constitucional, que ha corregido al Tribunal Supremo por condenar al rapero César Strawberry por enaltecimiento del terrorismo. El TC afirma que «nuestro ordenamiento no permite la tipificación como delito de la mera transmisión de ideas, ni siquiera en los casos de ideas execrables contrarias a la dignidad humana». De modo que el Constitucional ha tumbado de un golpe la pretensión del Ejecutivo de sancionar penalmente la exaltación del franquismo y cualquier intento de hacer lo propio con los discursos «negacionistas» en lo relativo a la violencia de género. Dicho de otro modo: el TC asegura que todas las ideas tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico.

Lo que demuestra el Ejecutivo es una superlativa hipocresía, porque mientras defiende la libertad de expresión de un rapero, por ejemplo, que ofendió vilmente la dignidad de las víctimas del terrorismo, pretende limitar la libertad de expresión de todos aquellos que no comulguen con su línea de pensamiento. El «machismo» y el «negacionismo» en la violencia de género son comportamientos censurables, pero cuando se insta a un Gobierno a combatirlos se sugiere que se haga a través del Código Penal. Y eso son palabras mayores. Porque las ideas no delinquen.

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