Okupar un Gobierno

La okupación ilegal de viviendas y la percepción de que Sánchez y su séquito deberían estar fuera del Gobierno comparten el mismo hilo conductor. Votantes potenciales okupan viviendas y políticos corruptos okupan sillones.
La okupación ilegal ha dejado de ser un problema marginal y se ha convertido en un síntoma de algo más profundo: la erosión de la autoridad del Estado en uno de los ámbitos más sensibles para cualquier ciudadano, su vivienda. Los datos de Idealista lo retratan con crudeza. Más de 24.000 viviendas okupadas a la venta en el último trimestre de 2024, un 4,6% más en tres meses, hasta ocupar ya una franja visible del mercado nacional, instalándose la impresión de que, lejos de ser una anomalía, es la consecuencia de un sistema que ha dejado de ofrecer protección real.

El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en el discurso, pero el mercado responde con una desconfianza, cuando menos coherente, tras las anuales y calcadas promesas incumplidas del Ejecutivo en materia de vivienda, reducciones fiscales y facilidades para el acceso al alquiler. Entre una promesa y otra, la realidad se impone en los portales inmobiliarios, donde la etiqueta de «vivienda okupada» se ha normalizado como si fuera una característica más del producto. Dos años de anuncios, un mismo resultado y una sensación creciente de que la política va por un carril y la vida cotidiana por otro.
A ese clima de desconfianza se suma la llegada de más de 500.000 inmigrantes regularizados, de quienes puede que el único documento a presentar como aval sea una «declaración de intenciones».

Alarmante y desproporcionado desajuste con las exigencias impuestas al ciudadano de a pie, a quien, para acceder a un alquiler, ha de presentar nóminas, avales bancarios y poco más o menos que el pasaporte. Las políticas sanchistas en pro de la integración alientan el uso y disfrute de viviendas sin ningún título acreditativo que lo ampare y a los propietarios, esos «parásitos y sanguijuelas» en palabras de la señora Belarra, les aguarda la impotencia, el destierro y la mayor de las injusticias, consecuencia de esta debilidad institucional más preocupada por asegurarse nuevos votos que le permitan perpetuarse en Moncloa.

Y en este caótico contexto el decreto ómnibus se convierte en la coartada perfecta, empaquetando medidas indivisibles que garanticen las ruines artimañas, las cuales, en caso de ser tumbadas, permitan desplazar el debate hacia otros frentes más rentables políticamente como las pensiones, los grandes anuncios presupuestarios y los rancios y tergiversados eslóganes sociales. Una estrategia de distracción que coloca en segundo plano una crisis que afecta al núcleo mismo de la estabilidad social: el derecho a un hogar y la garantía de que la ley se cumple.

El mapa del problema es demoledor y su efecto se extiende como una mancha de aceite. Menos oferta limpia, más tensión en los precios y un acceso a la vivienda cada vez más lejano para quienes no tienen margen para asumir incertidumbre. Llegados a este punto, lo que sí está claro es que el Gobierno ha dejado de ser una herramienta de solución para convertirse en parte del problema.