La futura ley de la Serra de Tramuntana busca proteger el paisaje cultural y garantizar su viabilidad económica
El texto preserva el patrimonio, simplifica la gestión administrativa e impulsa el sector agrario
Con su presentación, se abre la fase de exposición pública con un periodo de alegaciones hasta el 15 de abril
El Consell de Mallorca ha presentado en el refugio de Galatzó la antepropuesta de ley de la Serra de Tramuntana, una norma que busca dotar al territorio de una herramienta eficaz para asegurar la protección, la gestión, la conservación y la viabilidad económica del paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
El acto ha contado con la presencia de los alcaldes y alcaldesas de los municipios que integran la Serra de Tramuntana, así como de los órganos que forman parte del Consorcio Serra de Tramuntana, representantes del sector primario, entidades y agentes vinculados al territorio.
La institución insular explica en un extenso comunicado que el texto nace con la voluntad de dotar a la Serra de un marco jurídico completo que permita su protección y mejore su gestión. El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado que se trata de «una herramienta para proteger y conservar el paisaje cultural amparado por la declaración de la UNESCO, fruto del diálogo con ayuntamientos, propietarios y todos los sectores implicados». Asimismo, ha subrayado que es «una ley que huye de las prohibiciones y se fundamenta en la colaboración, la simplificación administrativa y el desarrollo económico sostenible».
Por su parte, el conseller de Presidencia, Antoni Fuster, ha remarcado que esta norma «quiere ser una ley para la gente de la Serra, para quienes viven en ella, para quienes trabajan en ella y para quienes la cuidan cada día», y ha recordado que «todos sabemos que la Serra es espectacular y que impresiona, pero lo que mucha gente olvida es que es Patrimonio Mundial porque es un paisaje cultural fruto de la interacción entre los factores naturales y humanos a lo largo de los siglos».
Entre las principales novedades, la proposición de ley amplía el ámbito de protección para incluir fincas, núcleos y zonas muy vinculadas históricamente a la Serra, pero que habían quedado fuera del trazado inicial de la UNESCO.
Además, se crea por primera vez la figura de evaluación de impacto patrimonial para cualquier actuación que pueda afectar a los valores que definen este paisaje cultural, situando a Mallorca a la vanguardia en su conservación. Asimismo, el Consorcio creará un sistema de indicadores para evaluar el impacto de los visitantes y establecer la capacidad de acogida del territorio con el fin de evitar efectos negativos.
Presentam la futura llei de la Serra de Tramuntana, una norma clau per reforçar la protecció, la gestió i la viabilitat econòmica del nostre paisatge cultural, declarat Patrimoni Mundial per l’@UNESCO.
Aquest text neix del diàleg amb ajuntaments, propietaris, entitats i sectors… pic.twitter.com/80WTJAFCC9
— Llorenç Galmés (@Ll_Galmes) February 18, 2026
Al mismo tiempo, la futura norma apuesta por la simplificación administrativa para evitar que la protección se convierta en un obstáculo para la gestión del territorio. En este sentido, consolida el Consorcio Serra de Tramuntana como única autoridad de gestión del paisaje cultural, con capacidad real de coordinación entre administraciones, y simplifica los trámites para actuaciones vinculadas a explotaciones agrarias, como la reconstrucción de márgenes de pedra en sec o la recuperación de cultivos abandonados.
La propuesta sitúa al sector primario como un elemento central en la conservación del paisaje cultural, con medidas para recuperar campos de cultivo abandonados, impulsar la ganadería extensiva como herramienta de prevención de incendios y reconocer por primera vez la actividad cinegética como parte del sistema de gestión del territorio.
También permitirá requerir la limpieza de terrenos abandonados que generen riesgo de incendio, especialmente cerca de zonas habitadas, y hace posibles actuaciones de mejora en edificaciones vinculadas a la actividad agraria y construcciones tradicionales, siempre con licencia municipal, respeto a la normativa ambiental y sin aumento de volumen ni de altura, para garantizar su conservación y funcionalidad.
Se crea el Cuerpo de Voluntarios de la Serra de Tramuntana
Otra de las grandes novedades es el reconocimiento del valor de las possessions como elementos clave del paisaje cultural. La norma permitirá el desarrollo de actividades complementarias compatibles con la conservación, con el objetivo de garantizar la viabilidad económica de las fincas y evitar su abandono.
La futura ley refuerza la protección del patrimonio cultural mediante la creación de catálogos e inventarios, la protección de elementos singulares como olivos y encinas monumentales o conjuntos de bancales, y regula el uso obligatorio de la técnica de la pedra en sec en actuaciones de conservación. También incorpora medidas para avanzar hacia la sostenibilidad energética como la creación de proyectos que permitan compensar emisiones mediante inversiones directas en la conservación de la Serra.
La norma reconoce igualmente la Serra como un espacio de acceso público ordenado y compatible con el respeto a la propiedad privada. También prevé que el Consorcio pueda proponer restricciones de acceso u otras limitaciones en determinados espacios o periodos cuando se produzcan situaciones de masificación que puedan poner en riesgo el patrimonio, impedir el desarrollo de actividades en condiciones adecuadas o cuando sea necesario garantizar la compatibilidad con determinadas actividades cinegéticas. Además, crea el Cuerpo de Voluntarios de la Serra de Tramuntana y regula actividades como el montañismo para garantizar su práctica de manera segura y respetuosa con el territorio.
Finalmente, el proyecto establece un sistema específico de financiación que garantiza recursos estables con la participación del Govern, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos, y con acceso prioritario a los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible. También incorpora un régimen sancionador graduado, con multas que pueden llegar hasta un millón de euros en los casos más graves, como provocar incendios forestales, causar daños graves al patrimonio o llevar a cabo actuaciones no autorizadas que alteren elementos protegidos.
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