¿Qué opina el decanato de Derecho de la encuesta de la UIB?

Una información publicada por OKBALEARES lleva el siguiente titular: La UIB obliga a sus alumnos a identificarse y revelar en una encuesta a qué partido votan. Es sabido que, en términos generales, es ilegal que una universidad pública obligue a un alumno a revelar su ideología política o el sentido de su voto en un cuestionario en el que este sea identificable. Más ilegal si cabe, cuando en la encuesta de marras las preguntas alcanzan un alto grado de tendenciosidad, por ejemplo en materia de inmigración. Está ocurriendo en el campus de la carretera de Valldemossa y me pregunto si el decanato de la Facultad de Derecho ha manifestado su absoluto rechazo.

Tengo entendido que los profesores que repartían los cuestionarios, al ser testigos de la incomodidad entre los alumnos, se limitaban a decir que ellos eran unos mandados, o si se prefiere, alegando que cumplían normas, que es equivalente a la expresión, a mí que me registren. Algo impropio de un profesor universitario, salvo –al parecer- si lo es de la UIB. Normal, siendo currantes del doble grado de Turismo y ADE, y en absoluto leguleyos. 

Me he referido a que el alumno sea identificable y en este caso lo es desde el momento en que para responder debe incluirse un código personalizado. De manera que se disponen los datos personales de quien ha contestado y vaya usted a saber las consecuencias que pueda tener cuando hablamos de una universidad altamente ideologizada y probablemente felizmente woke.

Desde luego su máximo representante, el rector Jaume Carot Giner, no es precisamente un dechado de virtudes y sí un intransigente confeso desde el momento en que es evidente su gran sintonía con el separatismo catalán. El hecho de que fuera reelegido el año pasado para un segundo mandato es un claro síntoma de que el claustro está bien untado de intransigencia.

Aquí nada tiene que ver –supongo- que gobierne el PP en Baleares, porque el sistema educativo está completamente parasitado después de décadas sin encontrarse frente a severa hondura de honorabilidad. Por cierto, la palabra que describe honradez, decencia, honestidad y respeto, sin ir más lejos, a lo que marca y obliga la ley, que en este caso es respeto al bilingüismo.

Lo que me lleva a pensar que la encuesta obligatoria no deja de ser el juego de un clan intocable –los supremacistas- por saber de qué van sus pupilos y actuar en consecuencia, teniendo a su favor que la institución supremacista, es decir la UIB, podría poner en práctica represalias, atendiendo al aval de la  jerarquía académica que no es asunto menor. ¿Eres de los nuestros? Ya tienes el aprobado. ¿No lo eres? Pues te jodes. Los señalamientos están a la orden del día en una sociedad que ha perdido en el camino su autoestima.

Las opiniones políticas previamente están consideradas bajo la protección de forma estricta, según el Reglamento General de Protección de Datos. El Artículo 16.2 de la Constitución Española establece taxativamente: «Nadie  podrá ser obligado a declarar sobre su ideología», lo que significa que una institución pública, como una universidad –en este caso la UIB-  no puede imponer la respuesta a este tipo de preguntas, para completar un trámite o actividad académica. Exactamente lo que está ocurriendo irregularmente en  la Universidad de las Islas Baleares, toda ella encharcada en la discordia, en «la desavenencia de voluntades u opiniones». La RAE. Desavenencia, otra vez, palabra que no casa precisamente con el espíritu universitario. Porque nada tiene que ver con la discrepancia en territorio de concordia, de unión.

El asunto es que si la encuesta denunciada por estudiantes era de obligado cumplimiento y, además, dejando rastros que les identificaran, atenta a la legalidad vigente y, según el código penal, las penas podrían alcanzar los cinco años de prisión si el responsable usa los datos sin consentimiento y, claro, el consentimiento ya sería implícito al incluir por imperativo código personalizado. Ésta es precisamente la maldad del proceso: yo te obligo, tú lo haces identificándote; ¿entonces, qué responsabilidades me vas a pedir?

Yo estudié mi carrera en la Universidad Complutense de Madrid durante la dictadura y jamás me vi sujeto a prácticas denigratorias, menoscabando el honor, la reputación o la digna imagen de mí mismo. Solo debía correr ante las cargas de los grises y asistir a asambleas clandestinas en las que a veces aparecían agentes de la BPS, pistola en mano. Eran otros tiempos, no como ahora, que saltarse la ley e incumplirla sistemáticamente está a la orden del día. La UIB es una universidad profundamente mediocre y solo cambiaré de opinión si el decanato de la Facultad de Derecho demuestra lo contrario.