Matar cucarachas en catalán

El Ayuntamiento de Vic (Barcelona), que gobierna Junts, exige para matar ratas y cucarachas tener un nivel de catalán adecuado. En el pliego de condiciones para el contrato de servicios de desratización y control de plagas de la ciudad exige que el catalán sea la única lengua obligatoria «por defecto» en todas las comunicaciones del servicio, incluyendo el trato con los ciudadanos. No es nada extraño, dado que un buen número de consistorios catalanes, muchos de ellos gobernados por el PSC, exigen para acceder a puestos de trabajo públicos de baja cualificación académica, como peones auxiliares de cementerios o miembros de la brigada municipal, niveles exagerados de conocimiento de catalán.

Si un ciudadano de Vic quisiera optar a un puesto de barrendero municipal en Tordesillas o en Tomelloso, no tendría barreras idiomáticas que le impidieran acceder a este trabajo público. Pero si un ciudadano de Tomelloso quisiera trabajar de peón en Vic, o matando ratas en una empresa privada contratada por este ayuntamiento, tendría que demostrar que domina el catalán. Esta es la desigualdad que, ahora mismo, rige en nuestro país, en el que hay españoles de primera y de segunda, en función de si su comunidad autónoma —o nación germen de una futura República Confederal— está gobernada por políticos tribalistas.

Esta misma semana, Convivencia Cívica Catalana, entidad que está llevando a los juzgados a todos los ayuntamientos catalanes que se dedican a la discriminación lingüística a la hora de acceder a contratas o empleos públicos, ha conseguido una notable victoria. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado improcedente el despido de un cocinero municipal —que trabajaba para el alcalde, Jaume Collboni— que fue cesado por no acreditar el nivel B2 de catalán. El afectado era un empleado con más de quince años de antigüedad.

El tribunal ha sentenciado que suspender una prueba de catalán no es una «licencia para despedir». La resolución deja claro que los procesos de estabilización no pueden convertirse en mecanismos de expulsión automática del personal. La justicia detectó que el muy socialista y muy progresista Jaume Collboni – el hoy alcalde hizo buena parte de su carrera en el sindicato UGT – utilizó el requisito del catalán como una causa encubierta para deshacerse de empleados veteranos. Y es que el PSC, como sus socios de Junts o ERC, usa la política lingüística a su entera conveniencia para conseguir sus objetivos políticos, sea excluir castellanoparlantes de la esfera de la administración pública o despedir a empleados que no les convengan.

Comenzamos aceptando en la Constitución desigualdades como la del cupo vasco y navarro, que consagró la existencia de españoles de primera y segunda categoría desde el punto de vista fiscal, y ya no escandaliza el hecho de que haya españoles que son discriminados por razones lingüísticas. Así, vemos a niños privados de sus derechos civiles más básicos, como el de recibir educación en su lengua materna, o a españoles que quieren acceder a un empleo público o regularizar su puesto interino pasando a fijo, que son excluidos por razones idiomáticas.

En Cataluña se está llegando al extremo de tener que dominar el catalán para aplicar raticida o matar cucarachas, en una situación peligrosa que se irá extendiendo, como una mancha de aceite, al resto de comunidades autónomas dominadas por el tribalismo político. De momento, mientras Pedro Sánchez no logre desmantelar la justicia, aún nos queda el recurso de los tribunales. Convivencia Cívica Catalana lo está usando con decisión e inteligencia. Sigamos su ejemplo mientras sea posible y los jueces no hayan sido abducidos por la coalición populista-separatista que quiere acabar con nuestro orden constitucional.