Juego sucio al accionista

Una persona con 10.000 euros en acciones de Banco Popular ha desayunado este pasado jueves con 2.500 euros menos en el bolsillo. La ampliación express de capital a costa de los accionistas ha ocasionado cuantiosas pérdidas y un menoscabo importante en la maltrecha credibilidad del banco. La jugarreta de la entidad presidida por Ángel Ron busca conseguir 2.505 millones para reforzar su balance. No obstante, la manera de actuar no parece la más ética. Hace tres meses ofrecían resultados con una orientación positiva y ahora han puesto encima de la mesa esta operación como si no tuvieran otra salida. El desacuerdo por parte de los accionistas se ha plasmado en una venta masiva de títulos cuyo número supera ampliamente al de las nuevas adquisiciones. De hecho, al cierre del mercado, la merma se situaba en un 26,49%.

Banco Popular ha intentado paliar su difícil situación financiera ante las nuevas y más exigentes normativas contables tanto del Banco de España como del Banco Central Europeo (BCE). Ambas instituciones exigen un mínimo de capital para que los bancos no tengan que ser rescatados con dinero público. Según un informe de JP Morgan, el Popular necesitaría provisionar 6.685 millones de euros, de los que 4.700 deberían conseguirse este año. Sin embargo, no todo puede servir para mantener activa la rueda del negocio. Los accionistas han sufrido un daño irreparable con el agravante de que quizás este plan no sea suficiente. Si las acciones siguen bajando —ahora mismo están en 1,7 euros, su nivel más bajo desde 1992— esta ampliación podría ser infructuosa.

La cobertura actual de Banco Popular se sitúa en el 38%, muy por debajo del promedio del 51% de las otras entidades bancarias que cotizan en el Ibex 35: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankia. El objetivo de Ron con esta maniobra es recuperar esos 12 puntos. No le será sencillo, ya que el valor de la compañía en el parqué pierde 1.300 millones, más de la mitad de lo que espera recibir de los mercados con esta ampliación. De hecho, el actual consejo de administración, más allá de exprimir a los accionistas, debería asumir alguna responsabilidad ante el continuo estado de crisis que coloniza la entidad.

Este contexto persiste desde noviembre de 2012, cuando la primera ampliación de capital trató de solucionar el gran problema de stock inmobiliario que Banco Popular acumula tras el estallido de la burbuja. Una maniobra que ya entonces fue un fiasco y que tendría que haber servido a los accionistas para intuir o anticipar los riesgos de trabajar con un banco que, de no cumplir con su objetivo mediante esta última ampliación, estaría obligado a una fusión o, incluso, al rescate público.