Escenario nacional insólito, que no puede repetirse

España está viviendo una situación política insólita: en la que la sociedad -corre ya- algo más que el riesgo de acostumbrarse a convivir (ó incluso simplemente a coexistir) con ella. Porque es insólito que en una democracia parlamentaria exista un gobierno que pretende mantenerse en el poder careciendo de mayoría en el Congreso, y sin haber aprobado ningún Presupuesto en la presente legislatura. Sánchez que con 85 diputados (…!) llegó al gobierno para «salvaguardar la calidad de nuestra democracia», la ha degradado hasta el punto de que después de él, salvo mediante una moción de censura no habrá límite ni ético ni moral ni legal alguno, para que un gobierno dimita y convoque elecciones anticipadas dándole la voz al pueblo soberano. Ante una situación imprevisible como la actual.

Que en este escenario político, el discurso oficial del sanchismo para mantenerse en el poder sea el de evitar que la «ultraderecha» acceda al gobierno resulta patético como poco. Porque a lo anteriormente recordado se debe añadir que el control de su «gobierno» se ha efectuado hasta ahora, no desde el Congreso y el Senado, sino desde el extranjero con un mediador internacional, y por un prófugo de la justicia.

Si todavía pareciera poco ese vergonzoso espectáculo, se puede recordar también que Otegi tiene en su mano- si quisiera- derrocarle de la Moncloa. No es nuevo nada lo relatado, pero tenemos el deber de recordarlo y reiterarlo para contribuir a ayudar a que la sociedad española reaccione y despierte del «síndrome de la rana» en el que una parte no menor de ella, parece estar sumida.

Es decir, que estando en puertas de 2026, ya «sólo» no se trata tanto, -aunque también, de que se convoquen elecciones anticipadas-, cuanto de que se establezcan las reformas legales necesarias para que un escenario político como el presente, no se pueda reproducir en el futuro. Los constituyentes sin duda no imaginaron que un personaje como el actual inquilino de la Moncloa accediera a ella, por lo que por ejemplo no establecieron una redacción de la Constitución que en su artículo 143 obligara a la convocatoria de elecciones a un gobierno sin Presupuestos durante más de un ejercicio.

Cuando menos, deberá ser una ley orgánica la que desarrolle ese artículo si la imposibilidad de reformar la Carta Magna lo hiciera necesario. El calendario político tiene el próximo 21 de diciembre una cita electoral en Extremadura con un candidato socialista sanchista procesado y a la espera de inmediata vista oral. Mientras, el Fiscal General del Estado ha estado en esa situación durante dos semanas hasta ahora, defendido por la fiscalía y la abogacía del Estado cual si fuesen instituciones jurídicas al servicio de la defensa del sanchismo y no del Estado de Derecho.

Son otros ejemplos que ponen de relieve que con el sanchismo hay un auténtico parteaguas en la «calidad de nuestra democracia», que presuntamente Sánchez venía a garantizar en 2018. Y que ahora corre el riesgo cierto y grave, de convertirse en una virtual autocracia caso de que Sánchez efectivamente se presente a la reelección como proclama, y lo consiguiera. Escenario que no puede descartarse vista la experiencia hasta ahora. En manos del PSOE estaría el imposibilitar esta eventual situación pero aquel PSOE, que el 1º de octubre de 2016 le cesó de la secretaria general en un histórico Comité Federal, ya no existe convertido actualmente en una mera plataforma política al servicio de su jefe supremo y único.

Y conviene no olvidar que precisamente fue cesado para evitar lo que -tras recuperar increíblemente el poder unos meses después-, viene haciendo. Alfredo Pérez Rubalcaba tenía un «sentido de Estado» y unos principios políticos que ahora son inexistentes en Ferraz y la Moncloa. Con dirigentes socialistas que apoyaron aquel cese y ahora son aplaudidores habituales de Sánchez. Y por cierto, resulta «inexplicable» que ese PSOE no se querelle contra la presunta «periodista de investigación» Leire Diez, que conspiraba afirmando que lo hacia en nombre de Sánchez, para descalificar a investigadores de la UCO y de miembros del Poder Judicial. Porque según ella, el «número uno» había ordenado que había que «limpiar todos esos bulos» que le acechan, y de los que afirmaba ellos eran los responsables.