Las empresas comienzan a votar con los pies

El Gobierno no tiene otra política económica que la que sigue, equivocada, de incrementar exponencialmente el gasto y subir confiscatoriamente impuestos. Ha subido los impuestos cada ejercicio y si no lo ha hecho en alguno es porque no ha contado con respaldo parlamentario para ello, pero es su obsesión: exprimir a los contribuyentes para seguir gastando de manera poco eficiente, poco útil, con amplio despilfarro.

Ahora, en su plan enviado a Bruselas con ajustes estructurales a medio plazo, obligado por ser una economía con desequilibrios estructurales, recoge los impuestos a la banca y a las empresas energéticas para hacerlos permanentes, tras haber anunciado, hace dos años, que eran transitorios. Siempre hubo una gran duda sobre su constitucionalidad, diga lo que diga un TC politizado, al crearse específicamente para unos sectores en concreto, pero la transitoriedad aplacó los ánimos, en parte, de las empresas, pero este deseo de hacerlos permanentes ha acabado con su paciencia.

En el caso del impuesto a la banca, no se puede hablar más que de demagogia en la elección de este impuesto; de una demagogia aún mayor en el intento de la prohibición de repercutirlo a los clientes, cuando los bancos sólo estarían velando por cumplir la normativa bancaria que les obliga a mantener elevada su solvencia; y de una gran irresponsabilidad por querer aplicar una medida que puede mermar tanto la mencionada solvencia bancaria, clave del sistema de economía de mercado que tenemos, como el volumen de crédito que puedan conceder, que perjudicaría a la transmisión del crédito a la economía productiva, con sus repercusiones negativas sobre el crecimiento y el empleo y que terminaría por interferir en las competencias del Banco Central Europeo, al afectar a la transmisión de la política monetaria, competencia exclusiva del banco emisor.

En el caso de las empresas energéticas, en caso de hacerse permanente, podrían llegar a reducir su oferta ante el encarecimiento de costes que no pueden repercutir. Esto afectaría al cliente vía precio y suministro.

Pero, es más, las empresas, empiezan a mirar hacia otros destinos para realizar su inversión. Repsol, probablemente la empresa que más claramente se ha opuesto a estas medidas populistas del Gobierno, ha anunciado la paralización de muchas de sus inversiones en España y el traslado a otros destinos, como Portugal, de otras de ellas. Cepsa, por su parte, también ha anunciado que estudia nuevos destinos ante tamaña barbaridad gubernamental.

Por su parte, la banca está presionando para que no salga adelante en el Congreso la aprobación permanente de dichos impuestos, cosa que podrían conseguir si Junts y el PNV votan en contra de ello.

Adicionalmente, esto levanta barreras de entrada a nuevas inversiones, a las que ahuyenta, ya que cualquier empresa extranjera que tuviese pensado invertir en España se lo replantea debido al populismo tributario existente.

Esto demuestra que los gobiernos pueden imponer impuestos, pero los contribuyentes pueden marcharse, lo que se conoce en Economía y Hacienda Pública como «votar con los pies». El error del Gobierno y su voracidad confiscatoria sólo traerán caída de la inversión, de la prosperidad y del empleo, es decir, empobrecimiento, que tratarán de maquillar en el corto plazo con más gasto público, para que parezca que la economía va muy bien, pero cuyo crecimiento es insano y contraproducente para el medio y largo plazo. Cada vez, más empresas votarán con los pies y se irán de seguir aplicándose la política económica de Sánchez.