Devolver el voto: una oportunidad de reparación

«La muerte de Franco en modo alguno determina el fin de la dictadura militar sino la adopción por este de una nueva cobertura, la monárquica y parlamentaria y el inicio de su descomposición». Este entrecomillado, que tan bien resume la memoria democrática que defiende Bildu, está sacado de una de esas cartas con las que ETA extorsionó a tantos españoles para financiar su vida (la de ETA) y la muerte (de tantos inocentes).

En esas cartas, ETA justificaba sus asesinatos: «No hay aún pues democracia política, y los trabajadores vascos y todo el pueblo vasco se ven obligados a continuar la lucha por su conquista». El resultado de su lucha ya lo conocemos, pero, por si en las clases de educación para la ciudadanía no se lo cuentan, ya lo hago yo: 3.500 atentados con 853 asesinatos, 2.632 heridos y más de 7.000 víctimas, 86 secuestrados y un número desconocido de amenazados y exiliados que muchos expertos cifran en torno a los 200.000.

A continuación, las cartas explicaban, con la lógica del colectivismo marxista, la razón de su suerte al destinatario: «Usted puede decir que no conoció la guerra y no tomó ninguna parte en la restauración de la dictadura. Pero lo que usted y toda la burguesía ha hecho y siguen haciendo, es sostener con los impuestos el mantenimiento de las fuerzas armadas y resto de instituciones de la dictadura española que ocupa nuestro país».

Y como no hay extorsión sin amenaza, tras varias proclamas como las anteriores, terminaban así: «En fin, si usted no es partidario de la dictadura colabore económicamente con la lucha del pueblo. Si no lo hace, será considerado como un colaborador de la misma y tratado en consecuencia. Esperamos tenga usted un sentido más profundo de la historia». Tras este consejo, la carta señalaba el nombre y el lugar del sur de Francia donde del amenazado debía acudir, la cantidad a entregar y el ultimátum: «Si no hace entrega en el plazo fijado, le buscaremos hasta ejecutarle».

Muchos de los que leyeron esas cartas pudieron irse y seguir con su vida lejos del País Vasco; otros, en cambio, permanecieron allí, mirando debajo de sus coches antes de arrancar, evitando ciertos lugares y volviéndose sobre sus espaldas cada cinco pasos.

El voto de los que se fueron dejó de depositarse en las urnas de Hernani, Rentería, Bilbao o Eibar, para introducirse en las de Las Palmas, Sevilla, Burgos o Zaragoza. De este modo, 200.000 votos de exiliados y descendientes, que probablemente no irían al nacionalismo, ya no cuentan en los escrutinios de las elecciones vascas. Es curioso observar cómo, entre 1979 y 2011, el censo electoral en España subió casi un 34%, mientras que el País Vasco, una de las regiones más ricas y prosperas, que precisamente no pertenece a la España Vaciada, creció menos de la mitad (no llegó al 15%).

Y hoy Sánchez nos trae una ley de Memoria en la que, hasta en 46 ocasiones, menciona la palabra reparación. Pues aquí tiene, si quiere, una gran oportunidad para ello, para reparar a muchos españoles víctimas de quienes atentaban contra la democracia. Tan sencillo como devolverles su derecho político al voto, su derecho a decidir el futuro de la comunidad autónoma que se vieron obligados a abandonar y a la que quizá quieran regresar. Eso sí que sería reparación, reparación verdadera, no una palmada en la espalda o música de viola tras discursos engolados.

Pero claro, eso podría cambiar las cosas, y no gustaría a los que movían los árboles, ni a los que recogían las nueces. Y hoy, tampoco, al propio Sánchez, que gobierna con el apoyo de unos y otros. Gobernar es priorizar y ya sabemos cuáles son las prioridades de Sánchez. Al menos, Otegi y Txapote lo saben muy bien. Los 200.000, que esperen.