Los demócratas se niegan a homenajear a la joven asesinada en el metro

¿Recuerdan a la joven refugiada ucraniana asesinada fríamente en un vagón en Charlotte? Todos vimos el vídeo. La escena era casi irreal por su frialdad: el agresor, con un largo historial delictivo y liberado tras sucesivas decisiones judiciales indulgentes, apuñalaba a la joven sin mediar palabra. Iryna Zarutska había huido de la guerra buscando seguridad.

La semana pasada, durante el discurso del Estado de la Unión, el presidente invitó al Congreso a sus padres como un homenaje a la víctima. Y los congresistas demócratas se negaron a ponerse en pie para presentar sus respetos a los padres de una joven brutalmente asesinada.

Iryna no era una republicana, no murió en un acto político ni fue atacada por su adscripción ideológica, que ignoramos. Y, sin embargo, su asesinato desmonta buena parte del relato de los demócratas sobre criminalidad, relaciones raciales y activismo judicial. Por eso, por la más mezquina de las consideraciones políticas, se negaron a realizar el sencillo gesto de ponerse de pie ante el dolor de unos padres que han perdido a su hija.

En política, los gestos importan. Mucho más en el Congreso de Estados Unidos, donde cada aplauso y cada silencio forman parte del lenguaje institucional. No ponerse en pie ante los padres de una víctima inocente no es una distracción ni una anécdota. Es un mensaje que revela que el panorama político americano es ya una guerra donde no se hacen prisioneros, que marca una división profunda, quizá insalvable, en la sociedad norteamericana.

El de Iryna no es un caso aislado. Se enmarca en un debate más amplio sobre seguridad pública, reincidencia y políticas de libertad bajo fianza que han generado fuerte controversia en varias ciudades del país. En los últimos años, distintas jurisdicciones han flexibilizado criterios penales bajo la premisa de reducir desigualdades y aliviar la presión sobre el sistema penitenciario. El resultado, según numerosos críticos, ha sido una percepción creciente de impunidad.

Ese es el trasfondo político del gesto. Para una parte del Congreso, levantarse podía interpretarse como validar el discurso presidencial sobre crimen y orden público. Optaron por no hacerlo. Pero en esa decisión hay algo más profundo que la mera táctica parlamentaria.

Las democracias se sostienen sobre mínimos compartidos. Uno de ellos es el reconocimiento del dolor inocente. La discusión técnica sobre cómo combatir la criminalidad puede ser legítima y compleja. Lo que resulta difícil de explicar es la negativa a un gesto simbólico básico de solidaridad.

Cuando una clase política se muestra incapaz de separar el homenaje humano de la disputa partidista, el problema ya no es solo electoral. Es institucional. La señal que recibe el ciudadano medio no es sofisticada ni ideológica. Es sencilla: incluso ante el sufrimiento evidente, la división prevalece.

Estados Unidos atraviesa una etapa de polarización extrema. Pero si ni siquiera el recuerdo de una joven asesinada sin motivo logra suspender esa fractura durante unos segundos, la pregunta deja de ser quién gana el próximo debate legislativo; la pregunta ahora es qué queda en la sociedad norteamericana del consenso mínimo que hace posible la convivencia política.