Demasiadas casualidades

Pudiera ser una casualidad que la Fiscalía General del Estado se interesara por una denuncia concreta de la Fiscalía de Delitos Económicos contra un ciudadano anónimo, y que este ciudadano resulte ser la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso.

Pudiera ser una casualidad que la información sobre el caso (denuncia y expediente) remitida por la fiscal jefe Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a la Fiscalía General a petición de ésta, fuera publicada poco después por elDiario.es. Y pudiera estar equivocada Pilar Rodríguez cuando señalaba entonces que había sido la Fiscalía General quien había dado publicidad a las diligencias después de recibir y analizar la información.

Pudiera ser casualidad que inmediatamente después de que El Mundo publicara la noche del 13 de febrero de 2024 que la Fiscalía había ofrecido un pacto al abogado de González Amador, el fiscal general llamara repetidas veces a la fiscal jefe de Madrid para que solicitara al fiscal Julián Salto los correos intercambiados con el referido abogado para, según dijo Pilar Rodríguez, ‘hacérselos llegar a García Ortiz’. Pudiera ser también casual que éste pidiera que se le enviaran todos los mensajes de la fiscalía y la defensa ‘a su correo particular de gmail’.

Pudiera ser casualidad que García Ortiz insistiera en recibir los correos de forma inmediata, haciendo hincapié en uno del día 2 de febrero en que el abogado proponía un pacto a la Fiscalía y reconocía la comisión de los delitos; y también el correo específico que dio lugar a las informaciones publicadas dos horas antes en El Mundo, asegurando que lo necesitaba ‘para cerrar el círculo’.

Y, por supuesto, pudiera ser una casualidad que tan solo cinco minutos después de que García Ortiz confirmara con un ‘Ok’ que había recibido dichos correos, y en concreto el del día 2, apareciera publicada parte de la información que contenía en la página web de la Cadena Ser. Y se entiende, desde luego, que se trataría de una casualidad, porque lo más «lógico» es pensar que quien pidió con tanta urgencia todos los correos (hasta el punto de sacar al fiscal Salto del Metropolitano) y que insistió en que faltaba un documento clave, después no hiciera nada con toda esa información.

Sería también una casualidad que la Cadena Ser informara en ese mismo momento que la Fiscalía emitiría en las próximas horas un comunicado y que prácticamente a la vez García Ortiz enviara a Pilar Rodríguez una copia de la nota de prensa pidiendo que la revise, y que ésta, a su vez, hable de poner en la misma ‘más cianuro’. Y claro, también sería casual que fuera García Ortiz quien obligó a sacar la nota ‘porque nos van a ganar el relato’ y que no tuviera forma de negar a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que había sido él quien había filtrado los correos.

Por fin, pudiera ser una casualidad que una copia del referido correo del abogado Neira a la Fiscalía estuviera también en posesión de varios altos cargos de Moncloa y del PSOE en las primeras horas del día 14 (antes de que hubiera sido publicado) y que desde allí se remitió a Juan Lobato para que este lo utilizara contra la presidenta Díaz Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

Todos sabemos, también los miembros del Tribunal Supremo, que la información de los dispositivos móviles de García Ortiz podía haber aclarado si todos esos hechos son de verdad casualidades. Y así, de una simple inferencia en el comportamiento humano, los jueces podrán concluir que a quien borró los discos duros de los teléfonos móviles no le interesaba esa aclaración. ¿O es también ese borrado de los móviles una casualidad? Y todo ello sin considerar que la deliberada eliminación de pruebas pueda ser, por sí misma, considerada un delito de obstrucción a la justicia.

Es inocultable que se urdió y se ejecutó una operación para dañar a un contrincante político, y que el fiscal general García Ortiz fue una pieza clave en dicha maniobra. La responsabilidad política ante los ciudadanos a quien debe proteger y la responsabilidad profesional ante los compañeros de carrera a quien debe dirigir le deberían haber hecho dimitir, pero ya sabemos que en el sanchismo esas responsabilidades no aplican.

Y en cuanto a la responsabilidad penal, esta sí que debe ser sustanciada y probada en el juicio que comenzó ayer en el Tribunal Supremo. La tipicidad y antijuridicidad de los hechos es determinante y, en cualquier análisis lógico, la culpabilidad del fiscal general, que destruyó pruebas concluyentes, es evidente; y para que sea indubitadamente considerada por los magistrados basta con que se planteen cuantas casualidades son necesarias para adquirir una certeza.