Chequeadores de trinchera

La proliferación de plataformas autodenominadas ‘verificadoras’ de hechos noticiosos está creciendo al mismo ritmo que sus promotores van perdiendo la neutralidad y la vergüenza. La ideologización de quienes manejan estas herramientas trucadas, convencidos de ser los Septones Supremos de la verdad, es algo que va en aumento peligrosamente.

Basta con ver cómo estas vestales o eunucos del oficio miran hacia otro lado cuando la sombra del plagio académico acecha a un político de izquierdas. Ni se despeinan. Salvo la excepción de la ex ministra Montón y su falso TFM (algún scoop hay que dar a contracorriente para tener influencia y parecer ecuánime sin serlo), estos pseudoguardianes de la objetividad absoluta, al servicio de la moralina progre, no se ha molestado en escudriñar la tesis fake de Pedro Sánchez, el manual copiado del presidente del Senado, Manuel Cruz, o las irregularidades académicas en los trabajos de Iglesias y Errejón, repletos de faltas ortográficas e inflados con párrafos fusilados de otros papers previos con más autores.

Los mismos que se rasgan las vestiduras para mostrarse como la quintaesencia del periodismo fact-cheking o guardan un silencio revelador al respecto o se prestan incluso al plagiador de turno para articular lo que se conoce como control de daños. Que se lo digan al diario El País cuando salió raudo y veloz, tras reunirse con el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, a frenar el escándalo de la tesis. El rotativo de Prisa dirigió toda la atención hacia el libro de Sánchez y Ocaña que recogía el grueso de la tesis porque aquí estaba el único plagio que se puede incardinar en el delito contra la propiedad intelectual según la legislación española: una conferencia del diplomático Manuel Cacho. El resto de plagios eran de documentos o intervenciones de instituciones del Estado que «no generan derechos de autor», según el periódico de Gallego-Díaz, que salió al rescate del presidente del Gobierno con esta sentencia: «La Moncloa sostiene que se trata de ‘un error involuntario’ y los coautores se comprometen a subsanarlo en el plazo más breve posible».

En cuanto a la tesis, el Supremo ya dijo que «la mayor o menor originalidad de una tesis, su valor dogmático y, en fin, lo verdaderamente innovador de su contenido, son cuestiones que han de ser evaluadas en el ámbito académico y totalmente ajenas al Derecho Penal». Pero nadie en la Camilo José Cela ha movido un dedo. Si bien esto se daba por descontado, lo más sangrante ha sido ver cómo mientras en Alemania las wikis antiplagios (espacios colaborativos de internautas) y la prensa han remado en el mismo sentido a favor de la transparencia, la higiene democrática y la excelencia universitaria, en España no ha ocurrido lo mismo. Mientras investigaciones de plataformas como VroniPlag o GuttenPlag han sido recogidas por los medios germanos, provocando dimisiones de ministros en el país teutón, aquí solamente OKDIARIO se ha hecho eco del trabajo de SánchezPlag, que ha detectado cómo el 52% de la tesis de Sánchez está plagiado o contiene errores de bulto. ¿Dónde están esos chequeadores de espíritu puro? Ya lo sabemos. En la trinchera.