Campo, ministro de Injusticia

Insólito, ilógico, injusto y atrabiliario son los calificativos que merece el auto dictado por el tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz, del que formaba parte el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el que estimó la petición de libertad provisional para un acusado de abusar sexualmente de su hijo de tres años.

Lo injusto y atrabiliario del auto viene derivado de los argumentos jurídicos que utilizó el tribunal, que esgrimió  falta de motivación en la petición de prisión preventiva, pese a que el auto del juez instructor del caso apuntaba a un «presunto delito continuado de abusos sexuales con penetración e introducción de objetos, prevaliéndose de una relación de parentesco» y pese a que el Ministerio Fiscal se oponía a modificar la medida cautelar de privación de libertad, una petición que había sido, además, desestimada en tres ocasiones anteriores. Se da la circunstancia de que el propio acusado, años después, admitió los hechos y fue condenado.

Era lógico que continuará la prisión preventiva, pues esta tenía una doble intención, como señaló el juez instructor: «Conjurar cualquier tentativa del imputado de sustraerse a la acción de la Justicia para eludir la elevadísima pena que podía recaerle» y, sobre todo, evitar que «volviese a atentar la indemnidad sexual del menor».

Lo sorprendente del auto es que el tribunal consideró que «la sola hipotética gravedad de las penas no era suficiente para mantener la prisión». Y, en relación con el riesgo evidente que podría correr el pequeño si se decretaba la puesta en libertad del padre, Juan Carlos Campo y el resto de jueces entendieron que una fianza de 5.000 euros y un círculo de seguridad alrededor del niño, y por extensión, a su madre, eran medidas suficientes, por lo que ordenó su salida de la cárcel.

En el auto, Juan Carlos Campo y los otros dos magistrados recordaban que la prisión preventiva es «una medida de aplicación excepcional y proporcionada a la consecución del objetivo de evitar la reiteración delictiva», entre otros. En efecto, por eso lo que resulta sencillamente inexplicable es que el tribunal considerarse que una fianza de 5.000 euros y un «círculo de seguridad» bastasen para evitar que alguien capaz de abusar sexualmente de su hijo volviera a delinquir. Eso no es proporcionalidad, es un disparate.

Parece obvio que el actual ministro de Justicia, en su etapa de juez, veló mucho por las garantías procesales de un padre que abusó sexualmente de su hijo, pero se olvidó de las garantías del pequeño. Un claro y peligroso ejemplo de progresismo judicial.