El aumento del precio de la vivienda que provoca el intervencionismo

El Gobierno quiere aumentar los impuestos a las viviendas vacías e impedir que extranjeros no residentes compren, gravándolo con un nuevo impuesto, además de subir al 21%, dentro de su voracidad recaudatoria, el IVA a los apartamentos turísticos y que las socimis tributen al 25% si no destinan sus viviendas a alquiler asequible.

El problema de la vivienda no es ése, sino un problema de intervencionismo, que limita la oferta. Así, el problema real de la vivienda en España se debe a una intervención asfixiante del mismo que hace que la oferta sea escasa ante una demanda creciente. Es más, dicho intervencionismo provoca que, además, la oferta se reduzca, con lo que hay una tensión en precios tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda.

Ese intervencionismo se plasma en las últimas leyes del Ejecutivo sobre este tema y en proposiciones de ley como la actual. El Gobierno, en su afán intervencionista, sacó adelante una ley de vivienda que es una auténtica catástrofe, pues interviene completamente el mercado del alquiler, sin solucionar ninguno de sus problemas, agravándolos e introduciendo nuevos impedimentos que distorsionarán la economía.

Hace ya algún tiempo, limitaron el precio del alquiler en lo que llamaron zonas tensionadas. Esa introducción de precios máximos y de precios mínimos no tiene ningún sentido y es una decisión económica irracional, que sólo conducen a distorsionar el libre juego de la economía y, con ello, la generación de actividad económica y de empleo, porque dichas distorsiones lo que producen es una disminución de las transacciones, con el efecto negativo que se extiende por todo el tejido productivo.

Posteriormente, hace unos meses, Sánchez anunció nuevas medidas para mejorar el acceso a la vivienda, como desgravaciones fiscales en el IRPF para los propietarios que alquilen sus pisos según el índice de referencia. Es decir, que alquilen a los precios intervenidos, lo cual es un disparate que merma la potencial rentabilidad, que desincentivará el alquiler, porque, a buen seguro, la desgravación no cubrirá lo que pierdan los propietarios por alquilar a menor precio.

Ahora, quiere blindar la vivienda pública y crear portales públicos de ofertas de vivienda, en un nuevo disparate que no es más que una cortina de humo que llevaba a la Conferencia de Presidentes y que ha derivado en un rotundo fracaso.

El problema de la vivienda es un problema de intervencionismo, como he señalado anteriormente, que limita el número de viviendas, interviene precios y no da la seguridad jurídica necesaria al no luchar contra el fenómeno de la okupación y, al no abordar este tema, realmente los protege.

Hay una presión de la demanda sobre una escasez de oferta derivada esta última de una ley de vivienda que introduce inseguridad jurídica en todo el mercado inmobiliario (tanto venta como alquiler) y una escasez de construcción derivada de la ausencia de una reforma que liberalice el suelo y permita incrementar la construcción de viviendas con un precio más bajo (si se liberaliza y así se pone más suelo a disposición de la construcción, aumentará la oferta y bajarán los precios). Todo ello, eleva los precios hacia arriba.

De hecho, con los últimos datos de hipotecas del INE, podemos ver cómo crece más el importe de hipotecas que el número de operaciones. Así, el importe de hipotecas crece el doble, en tasa interanual, que el número de hipotecas, lo que muestra la fuerte presión en los precios de la vivienda, motivado por el efecto conjunto de fuerte presión de la demanda junto con la escasez de oferta al no liberalizarse suelo para poder edificar a un ritmo que permita absorber la demanda. Se agrava respecto al ejercicio anterior, cuando, pese a la presión ya existente entonces sobre los precios, número de hipotecas e importe de las mismas crecían a una tasa interanual similar.

El Gobierno puede seguir practicando medidas populistas, pero sólo conducen al empobrecimiento de la sociedad y al incremento de los precios de la vivienda, que deja fuera del mercado inmobiliario a buena parte de los ciudadanos, especialmente, los jóvenes. Sus leyes generan aumento de precios, porque incentivan la escasez de oferta. Si no rectifican, el horizonte será sombrío.