Comunidad de Madrid

Los vecinos de Cercedilla podrían quedarse sin agua y pagar 385.818 € por una negligencia del alcalde

Cercedilla tendrá que contratar toda su agua con Canal de Isabel II, que tiene tarifas más caras, por lo que el precio subirá

Desde Vox señalan que es el Ayuntamiento quien debe pagar la multa y no los vecinos por ser "su irresponsabilidad"

Cercedilla
Teresa Ribera, ex ministra de Transición Ecológica, de paseo por Cercedilla.
Ana Borges
  • Ana Borges
  • Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.

La dejación de funciones del Gobierno de Cercedilla entre 1985 y 2001 ha provocado que los vecinos de este pueblo situado en la sierra de Madrid corran ahora el riesgo de quedarse sin agua municipal y, además, tener que pagar una multa total de 385.818 euros.

Cercedilla tiene 11 captaciones de agua que son usadas para abastecimiento de las personas del pueblo. En el año 1985 se publicó la Ley de Aguas, y en esa ley se dio una moratoria por tres años para que los ayuntamientos que tienen captaciones de agua en los montes lo pudieran registrar y documentar. Sin embargo, en ninguno de esos años en los que gobernaba el Grupo Independiente (GIC), se regularizaron esas captaciones.

En 2001 se promulga el Plan Hidrológico Nacional, donde se introdujo una disposición transitoria específica para cerrar definitivamente el periodo de inscripción de aprovechamientos privados. Esta disposición otorgó a los titulares un plazo improrrogable de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley 10/2001 para solicitar la inclusión en el catálogo de aguas privadas de la cuenca. En esta nueva ocasión, el Ayuntamiento gobernado de nuevo por el Grupo Independiente (GIC) lo vuelve a ignorar.

No fue hasta 2019 cuando la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, pone una multa de 296.783,86 euros por las captaciones ilegales, donde obliga al Ayuntamiento a indemnizar por los daños al dominio público hidráulico en la cuantía de 89.035,17 euros.

Además, pide que las captaciones sean retiradas y que se reponga todo a su estado anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 de la Ley de Aguas. En ese momento era ministra Teresa Ribera, que conoce bien Cercedilla porque su familia tiene una casa en esta localidad que visita asiduamente.

En 2023, el ayuntamiento recurrió esta multa y en diciembre de 2025 llegó la resolución judicial desestimando la reclamación del Consistorio y confirmando que los vecinos deben pagar la sanción y la indemnización por los daños al dominio público y quitar las captaciones tal y como dicta la sentencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO. La cantidad a pagar suma un total de 385.818 euros.

«Si Cercedilla quita las captaciones, no habrá agua municipal para abastecer al pueblo», denuncia Enrique Pérez, concejal de Vox. «La irresponsabilidad del Gobierno de Cercedilla desde 1985 hasta 2001 ha llevado al pueblo a esta difícil situación y, por tanto, debe ser el partido GIC quien pague esta multa», añade.

Lo que está intentando ahora el ayuntamiento es solicitar nuevas captaciones, ya que no pueden regularizar las anteriores, pero este proceso es muy largo y actualmente está suspendido desde el año pasado. «Estamos en un limbo complicado en estos momentos», añade Pérez.

Otra posible solución sería que el Ayuntamiento usara al 100% el agua del Canal de Isabel II, pero éstas tienen tarifas más elevadas que el agua municipal, por lo que el precio del agua se encarecería.

Ahora mismo, Cercedilla se abastece en un 50% con agua municipal y el otro 50% se le compra en verano al Canal de Isabel II porque en verano las captaciones no aportan el agua suficiente a la demanda que necesita el pueblo.

El ayuntamiento, que ya ha iniciado desde cero una solicitud de nuevas captaciones, deberá adaptarse a todas las restricciones actuales en esta materia que se han ido introduciendo en las últimas décadas, como la necesidad de mantener caudales ecológicos de las captaciones, la instalación de contadores en las cabeceras de las captaciones e informes sectoriales. Este trabajo se inició en 2019, pero aún continúa sin garantías de lograr las pretensiones municipales.

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