Un juez investiga una fundación que dependía de Teresa Ribera por amañar 2,6 millones en contratos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada ha abierto diligencias previas contra la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) por un presunto delito de prevaricación que afecta a contratos por valor de 2,6 millones de euros, según desvela en exclusiva OKDIARIO. La entidad, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que entonces dirigía la hoy vicepresidenta primera europea Teresa Ribera, habría utilizado métodos ilegales para eludir los procedimientos de contratación pública obligatorios.

La denuncia, presentada en julio de 2024 ante los juzgados de Ponferrada, detalla un sistema de fraccionamiento de contratos menores y licitaciones diseñadas «a medida» de empresas previamente seleccionadas. El procedimiento judicial ha sido impulsado por el Ministerio Fiscal tras constatar múltiples irregularidades en la gestión de fondos públicos. Ya se ha llamado a declarar a varias personas.

El denunciante en origen ocupó un alto cargo en la CIUDEN. Durante ese periodo, detectó «múltiples incumplimientos normativos» que trató de corregir sin éxito, según consta en el escrito judicial de 24 páginas al que ha tenido acceso este periódico. Ahora, a pesar de que se ha acogido a la nueva ley de protección de los informantes de corrupción está luchando por lo que considera un despido improcedente tras denunciar las presuntas irregularidades.

Anticipos de caja ilegales

La irregularidad más grave afecta al programa Dinamiz-ARTj, financiado con fondos públicos para llevar actuaciones artísticas a pueblos en decadencia tras un pasado industrial venido a menos. CIUDEN habría gastado 2,6 millones de euros utilizando la figura del «anticipo de caja», un mecanismo que solo aplica a las administraciones públicas puras y no a las fundaciones del sector público.

«El mal denominado anticipo en caja sólo aplica a las Administraciones Públicas Puras, y se usa para el Capítulo II de la Contabilidad Pública», señala el denunciante en su escrito. La fundación habría realizado «casi 1.000» pagos mediante esta vía irregular, evitando así los contratos menores que legalmente correspondían.

Los contratos se formalizaban mediante simples «intercambios de emails» entre técnicos y empresas, sin participación del órgano de contratación. La dirección general debía «convalidar» estas operaciones cada tres meses, pero según la denuncia, «además de ser ilegal (se debe autorizar ex ante, no ex post), la misma jamás se ha llegado a producir».

Licitaciones amañadas

El documento judicial consultada por OKDIARIO detalla varios casos concretos de licitaciones supuestamente manipuladas. El más significativo afecta a la contratación del Festival de Flamenco Bierzo al Toque, cuyos pliegos establecían criterios «ajustados al licitador deseado» por la directora de La Fábrica de Luz, el Museo de la Energía.

Un potencial licitador llamó a la CIUDEN para advertir que «el perfil exigido en la licitación se corresponde con exactitud» con el de una persona concreta que había organizado la edición anterior. El denunciante había recibido la «orden de que a Conchi no se la moleste con burocracia», según consta en un correo electrónico del 28 de febrero de 2024.

Otro caso llamativo es la contratación del software de venta de entradas del museo. La directora de ese museo de la citada fundación habría solicitado especificaciones que coincidían «palabra por palabra» con los servicios de una empresa específica. En un correo del 17 de octubre de 2023, la directora de Compras escribió alertada: «Debemos considerar que puede salir una empresa diferente a QWANTIQ».

La propia directora del museo habría admitido en conversación personal que «les había pedido a dicha empresa los elementos que ellos tenían y sus competidores no», es decir, que «había estado haciendo el pliego a medias, con la empresa que quería que ganara».

Contratos sin expediente

La denuncia también recoge la «adjudicación de contratos menores carentes de la documentación mínima exigible por ley», procediendo «directamente a la adjudicación, sin haberse tramitado el expediente adecuadamente». Además, se habrían ejecutado «obras, suministros y servicios que no tienen contrato / convenio que les dé sustento», realizándose la documentación «a posteriori».

Un caso paradigmático es el de las máquinas expendedoras y de café, cuyos contratos habían expirado pero seguían prestando servicio sin título habilitante. También se adquirieron fotografías de un artista pagando precio de compra, cuando el contrato real sólo concedía derechos de exhibición temporal.

Eventos sin licencia

La CIUDEN ha celebrado eventos culturales con «concurrencia masiva de público» en La Térmica Cultural, un edificio que carece de licencia de actividad. El proyecto de obras presentado ante el Ayuntamiento de Ponferrada fue «alterado sin que dicho cambio fuera legalizado».

A pesar de las advertencias de la Asesoría Jurídica, la dirección general decidió «seguir celebrando eventos culturales en dicho recinto, sin contar con las licencias», contratando una auditoría de prevención de riesgos laborales para «mitigar los peligros del edificio». El denunciante calificó esta práctica como «lanzarse por un precipicio jurídico».

Represalias laborales

Tras denunciar estas irregularidades ante el Canal Interno del Ministerio y solicitar «medidas de prevención de represalias en el ámbito laboral», el denunciante fue convocado en junio de 2024 por la directora general, Yasodhara López García. En esa reunión le comunicó «la no superación de periodo de prueba, y la extinción de su relación laboral».

El afectado considera que esta medida constituye una represalia en toda regla por haber denunciado «ilegalidades y potenciales delitos en materia de contratación pública». Ha procedido a impugnar el cese ante los tribunales del orden social y está pendiente de sentencia.

La Fundación Ciudad de la Energía es una entidad del sector público estatal adscrita al Instituto para la Transición Justa (ITJ), integrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su objetivo es la reconversión del patrimonio industrial minero y energético del Bierzo leonés en proyectos culturales y de investigación.

El subsecretario del Ministerio, Miguel González Suela, ordenó en abril de 2024 que la Inspección de Servicios departamental estudiara «los hechos puestos de manifiesto» en los escritos del denunciante. Posteriormente, en junio de 2024, comunicó a la directora de la CIUDEN que, en su opinión, «no cabe considerar que se hayan cometido actuaciones delictivas». No obstante, reconoció en un email enviado a las 00:49 de la madrugada que «se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar y reforzar algunos procedimientos».

La apertura de diligencias judiciales contradice el archivo administrativo del Ministerio y sitúa a la CIUDEN en el epicentro de una tormenta judicial de primer orden que podría comprometer no solo la continuidad de sus proyectos culturales, sino también la gestión de fondos europeos de transición justa.

El próximo mes de abril de 2025, cuando el denunciante comparezca ante el juez, comenzará a despejarse si las irregularidades detectadas constituyen un mero desorden burocrático o un sistema deliberado de elusión de la normativa de contratación pública. Mientras tanto, La Térmica Cultural continúa acogiendo eventos en un edificio sin licencia de actividad, y los 2,6 millones gastados mediante «anticipos de caja» esperan su escrutinio judicial en un expediente que promete ser tan largo como comprometedor para una fundación que nació con la misión de iluminar el futuro energético del Bierzo, pero que podría acabar eclipsada por las sombras de su propia gestión.