Marlaska refuerza el casoplón de Iglesias en Galapagar con 9 agentes más, 7 de ellos becarios

Refuerzos en Galapagar. El Ministerio del Interior, comandado por Fernando Grande-Marlaska, ha destinado al cuartel del municipio donde viven Pablo Iglesias e Irene Montero nueve agentes más de la Guardia Civil. En concreto, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, se trata de 7 agentes en prácticas que estarán al menos hasta mayo y que ya están operativos y otros 2 más con plaza fija que entrarán en los próximos meses.

En julio de este año se desató la polémica porque Marlaska decidió sustituir a la Benemérita por la Policía Nacional en la garita que se ha instalado frente a la casa del vicepresidente y la ministra. No obstante, los agentes de la Guardia Civil acuden frecuentemente a ese punto de la geografía de la sierra madrileña. Se encargan de cubrir la calle del chalet, la urbanización completa y los aledaños.

La Policía se ocupa de la garita y de la seguridad en el interior del chalet de Iglesias y Montero, pero llaman a la Guardia Civil si hay gente concentrada a las puertas de la vivienda o incidentes de algún tipo. Por este motivo, las personas que se pasean por las proximidades con banderas de España se encuentran a efectivos de la Guardia Civil, cuya competencia es todo el territorio nacional a excepción de capitales de provincia y otros términos municipales que determine el Gobierno.

Tras la llegada del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y su pareja, la ministra de Igualdad, Galapagar registró aumentos considerables de la inseguridad. Tal como reflejaban los informes trimestrales de criminalidad del Ministerio del Interior, crecieron sobremanera las denuncias por la mayoría de delitos (robos, agresiones, delitos sexuales, etc.). No obstante, tras estas subidas considerables que situaron a Galapagar a la cabeza de los municipios de más de 30.000 habitantes, estas estadísticas se han reducido ligeramente.

Desde el Ayuntamiento de la localidad, el alcalde Alberto Gómez (PSOE) ha tratado de revertir estos incrementos de la criminalidad. Ha tratado de resolver el conflicto laboral en la Policía Municipal y ha contactado con José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid y, por tanto, responsable de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, para pedir refuerzos.

Junto a la concejal de Seguridad, Mercedes Nuño (Ciudadanos), el regidor galapagueño mantuvo recientemente una reunión con Franco para hablar de la seguridad en la localidad. Tras meses y meses en los que la edil se quejaba de que sus cartas al delegado no tenían respuesta ni acuse de recibo, se empiezan a ver los primeros efectos con la llegada de nuevos agentes. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid y de la Guardia Civil consultados sobre esta información se limitan a decir que no tienen nada que apuntar al respecto.

Más de 50 agentes

Como ha publicado OKDIARIO, en varias ocasiones se han concentrado a las puertas de la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero más de medio centenar de agentes, sin contar los de paisano o del CNI camuflados. Este chalet, ya uno de los más famosos de España, estuvo algunos días vigilado por una veintena de vehículos. Entre ellos se encontraba además un equipo del Grupo de Reserva y Seguridad Nº 1.

Los agentes trasladaban a los manifestantes que no está permitido golpear cacerolas para no generar «contaminación acústica» que moleste a las especies vegetales y animales del Parque Natural donde se enmarca la vivienda de los líderes de Podemos.

Un fortín

De esta manera, la vivienda se ha convertido en todo un fortín. El 12 de julio se arrestó a un vecino de Galapagar que se encaramó a la valla del casoplón de Pablo Iglesias y grabó al líder de Podemos en plena debacle electoral del partido en Galicia y el País Vasco.

Igualmente, cientos de vecinos han recibido propuestas de sanción en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, la norma que Podemos despreciaba con el apelativo de ‘Ley Mordaza’ y que quería derogar antes de entrar en el Consejo de Ministros. Apoyaban entonces manifestaciones similares que definían como “jarabe democrático” para los políticos en el poder. También varios vecinos fueron denunciados por acoso y coacciones, siendo varias de esas demandas desestimadas por la Justicia.

Por otra parte, la decisión del Ministerio del Interior de cortar la calle del casoplón de Pablo Iglesias, impidiendo el acceso al tráfico rodado, ha provocado el enfado de los vecinos de la zona, que se ven obligados a cambiar de ruta en sus trayectos en coche por la localidad. Por todo ello, se recogieron casi 30.000 firmas en el Consistorio para que el alcalde tome medidas ante esta situación.