Ayuso recupera el megaproyecto de la Ciudad de la Justicia donde aglutinará 374 juzgados en 2030

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a construir finalmente el megaproyecto de la Ciudad de la Justicia a través de la licitación de un contrato de proyecto y obra, y asumiendo el coste de manera directa. El Ejecutivo madrileño ha decidido cambiar el formato en el que quiere materializar este proyecto, ideado originalmente por la ex presidenta autonómica Esperanza Aguirre, después de declarar desierta el pasado mes de junio la licitación. Se tramitó mediante procedimiento negociado sin publicidad. El objeto era el contrato de concesión de obras para la construcción, conservación y explotación de este nuevo complejo judicial.

La única oferta recibida en ese momento fue rechazada porque no se ajustaba a los criterios establecidos en los pliegos, por ello ahora la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, a la que compete este proyecto, ha decidido que lo hará de forma directa. De hecho, ya están trabajando en el anteproyecto de obra, según han avanzado fuentes del departamento dirigido por el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García.

De esta forma, la Administración será la que ostentará la plena propiedad de las instalaciones, que abarcarán una superficie total de más de 236.000 metros cuadrados en el barrio de Valdebebas, y será la beneficiaria de los ingresos obtenidos por la explotación de servicios adicionales. El Gobierno de Ayuso ha calculado que la optimización de recursos y las nuevas instalaciones supondrán un ahorro de más del 50% en los costes en servicios y alquileres.

Construcción por fases

La construcción de la Ciudad de la Justicia, según han explicado esas mismas fuentes, se realizará por fases. La previsión es que la obra esté completamente terminada en el año 2030. El espacio albergará más de una decena de edificios. De ellos, la primera fase del proyecto, que comenzará a principios de 2025, incluirá los que acogerán al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a la Audiencia Provincial de Madrid y a un centenar de juzgados de primera instancia.

Esa primera fase incluirá la urbanización perimetral de 155.400 metros cuadrados, espacio en el que se ubicarán cuatro edificios, espacios comunes como cafeterías y áreas de descanso, así como zonas verdes y un aparcamiento público de 60.000 metros cuadrados.

Según han explicado fuentes de la Consejería, la idea es ir trasladando las sedes judiciales conforme se vayan terminando sus respectivos espacios; es decir, no se esperará a que esté culminado el proyecto al completo en 2030 sino que se irá ocupando el complejo conforme se vayan habilitando inmuebles. De este modo, la previsión del Ejecutivo es que el traslado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, actualmente ubicado en la calle General Castaños, se produzca en la fase 1, esto es, a lo largo de 2026. El máximo órgano judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma pasará a ocupar una superficie de 19.000 metros cuadrados.

En esa primera fase de la Ciudad de la Justicia, el Gobierno de Ayuso también tiene intención de trasladar a Valdebebas la Audiencia Provincial de Madrid, cuyas quince secciones se encuentran ahora repartidas por la capital.

105 juzgados de primera instancia

Del mismo modo, antes de que culmine la recién estrenada legislatura, la consejería también quiere que se dé traslado de 105 juzgados de primera instancia, también repartidos ahora por varias ubicaciones del callejero madrileño.

La fase dos del proyecto, con el que la Comunidad de Madrid busca «hacer una Administración de Justicia muy centrada en la persona, más accesible, eficiente y cohesionada», comenzará a finales de la legislatura y el plan es construir 19 juzgados de lo Mercantil, 49 de lo Social y 34 de lo Contencioso-Administrativo, con sus correspondientes aparcamientos subterráneos y servicios propios.

Las dos últimas fases se realizarán ya en la siguiente legislatura, es decir, a partir de 2027. Será entonces cuando concluirá la construcción de tres edificios para la jurisdicción Penal y otros espacios para organismos como la Fiscalía y el Archivo Judicial Territorial, así como servicios y unidades auxiliares.