Ayuso modifica de urgencia las leyes trans y LGTBI: elimina la inversión de la carga de la prueba

El grupo parlamentario popular, encabezado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este viernes en la Asamblea de Madrid dos proposiciones de ley para modificar tanto la ley Trans como la ley LGTBI de la Comunidad. Cumpliendo así con un compromiso que la jefa del Ejecutivo adquirió hace tiempo, la redacción de ambas leyes será modificada, destacando como uno de los aspectos más relevantes la supresión de la inversión de la carga de la prueba que se contempla en el articulado actual.

En virtud de la legislación vigente «corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada objetiva y razonable de las medidas adoptadas».

De esta forma, si una persona denuncia en procesos autonómicos haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género aportando «indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho», será el acusado de realizar esa presunta conducta discriminatoria quien tenga que demostrar que no la realizó mediante «la aportación de justificación probada objetiva y razonable de las medidas adoptadas».

El objetivo de estas modificaciones, según han avanzado fuentes del grupo, es dotarlas de «mayor claridad y seguridad jurídica», así como la ya mencionada eliminación de la carga de la prueba, todo ello, matizan, «sin menoscabo de continuar con la garantía y protección de los derechos de las personas trans y LGTBI».

Sendas proposiciones se tramitarán por procedimiento de urgencia por la «necesidad de adaptar la actual ley a la normativa estatal, corregir determinados aspectos de la misma y garantizar la necesaria protección de los derechos fundamentales y de la igualdad efectiva ante la ley de todos los ciudadanos».

Los dos textos, firmados por el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Carlos Díaz-Pache, afirman que las leyes, tal y como están actualmente concebidas, pueden «acabar conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa de los artículos 20 y 27 de la Constitución Española, o la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución».

Así, ponen de ejemplo esa inversión de carga de la prueba, tanto en la ley Trans como LGTBI de Madrid, así como la «discriminación por error, que es una variante de facto de la falta de presunción de inocencia y contraria al espíritu y la letra de nuestras leyes».

En el caso de la ley Trans, la proposición de ley califica de «muy dudosa» la constitucionalidad del concepto de «autodeterminación de género» que es, afirma, «ajeno a la Ciencia y al Derecho» y cuya introducción «va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados, así como de la sociedad entera».

De esta forma, la nueva ley Trans elimina este concepto porque, al estar ya recogido en la ley Trans estatal impulsada por el ministerio de Irene Montero y que fue aprobada de forma definitiva en el Congreso el pasado mes de febrero, considera «inviable» que «coexistan un sistema estatal y otro autonómico sobre esta misma materia que podría ocasionar disfunciones entre la documentación derivada del Registro Civil, el documento nacional de identidad y los diversos registros y documentos personales autonómicos».

Por otra parte, el grupo parlamentario del PP ha registrado también este viernes una proposición de ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo «seguir avanzando en la línea de claridad y simplificación normativa» de la región.

Según señalan desde la formación, con esta proposición se revisan y modificar leyes «que regular instituciones y órganos fundamentales para dotarlos de mayor agilidad y eficacia o para superar situaciones de bloqueo en sus actuaciones».

«Los cambios que se introducen buscan, asimismo, una homologación con la legislación estatal, a la vez que actualizar la normativa autonómica que, conforme a la experiencia, ha demostrado la necesidad de su reforma», ahondan.

Entre las cuestiones más relevantes, la nueva ley «facilitará la toma de decisiones de los organismos autonómicos, se fortalece el control de las cuentas públicas a través de la Cámara de Cuentas, se habilita al Consejo de Gobierno para que revise la vigencia de disposiciones organizativas, y se da una mejor cobertura de personal al déficit de sanitarios en especialidades médicas».