El régimen chavista pagó a 370 euros cada página de los informes de CEPS
El Gobierno de Hugo Chávez llegó a pagar a 370 euros cada página de los informes que elaboraba la Fundación CEPS, de cuyo patronato han formado parte Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, entre otros destacados líderes de Podemos.
Tan solo en el año 2010, la Fundación CEPS cobró del Gobierno venezolano 355.632 euros por la elaboración de 97 informes que suman algo más de 970 folios. En el año siguiente, facturó 309.513 euros al régimen chavista por redactar otros 119 informes que suman 1.785 folios.
Por estos servicios de «asesoramiento» al régimen de Chávez, la Fundación de Pablo Iglesias facturó 405.084 euros en 2012, 754.895 euros en 2009, algo más de 600.000 euros en 2008 y 236.776 euros en 2007. Así, hasta completar la cifra de 3,7 millones de euros en un período de ocho años, entre 2004 y 2012.
En unos informes, los emisarios de la Fundación de Pablo Iglesias destacados en Caracas actúan como auténticos comisarios políticos, aportando al Gobierno de Chávez argumentos para justificar la detención de opositores políticos y periodistas.
En otros, actúan como los asesores de imagen del propio Hugo Chávez, sugiriendo cómo debía llevarse a cabo la puesta en escena de su regreso a la política tras la larga enfermedad que finalmente acabó con su vida.
En otros informes, muestran un sonrojante desconocimiento de cómo funciona la economía y se convierten en testigos involuntarios del deterioro que estaban causando las medidas intervencionistas aplicadas por el régimen bolivariano, con una inflación disparada, el desabastecimiento de los comercios de alimentación y el creciente empobrecimiento de la población.
Al menos Pablo Iglesias y sus compañeros en la dirección de Podemos no pueden alegar que desconocen cuáles serían las consecuencias de las mismas recetas que pretenden aplicar ahora en España.
Los informes internos remitidos a Madrid por los emisarios de la Fundación CEPS muestran la frenética actividad que desarrollaban para firmar nuevos contratos con los distintos ministerios y departamentos del Ejecutivo chavista. La Fundación de Pablo Iglesias había encontrado un Gobierno dispuesto a aportarle recursos casi ilimitados.
Pagos del Banco Central Venezolano
Uno de los informes internos firmado el 1 de febrero de 2010 explica que «Roberto Viciano (catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia) y Fernando Casado se reunieron con Leonor Akerreta, directora general del despacho de la ministra del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación (MINCI), que les insistió en el interés por renovar el convenio, en la voluntad de agilizar el pago pendiente, así como la posibilidad de incluir a otra persona/asesor en el equipo».
Otro de los clientes de la Fundación de Pablo Iglesias era el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sobre este organismo, el mismo informe explica que «el convenio ya está firmado, ahora mismo se encuentra en Consultoría Jurídica, donde conocen la urgencia, sobre todo en cuanto a los pagos, que se esperan para el 15 de febrero».
Respecto a los informes de desmoscopia elaborados por CEPS para sondear las opiniones políticas de los venezolanos, el autor de la misiva enviada a Madrid indica que «para poder cobrar la deuda, se firmaría un convenio con el Banco Central de Venezuela, justificándolo en la investigación de la percepción de la situación económica del país. Como los barómetros tienen preguntas sobre la percepción de la crisis, su impacto y la valoración de la situación económica del país, no habría problemas en entregar esa información».
Y a continuación añade: «Para reiniciar realmente la asesoría sociológica, se firmaría un convenio en Vicepresidencia. Ambos asuntos por ahora son meros compromisos verbales, habrá que insistir para que se concreten». El mismo informe constata que ya se ha firmado el convenio con la Presidencia del Gobierno venezolano, «con muy buenas condiciones».
La TV del ‘Aló presidente’
La Fundación de Pablo Iglesias también logró cazar otro contrato de «asesoramiento» con el principal órgano de propaganda bolivariano, el canal Venezolana de Televisión (VTV) en el que Chávez emitía sus monólogos bajo el título de Aló presidente. Aunque los responsables del canal se habían limitado a pasar por taquilla, siguiendo las indicaciones de su Gobierno, y no estaban demasiado interesados en los informes que luego servían para justificar estos pagos.
«El convenio con VTV ya está firmado», explica el mismo informe interno del 1 de febrero de 2010, «pero la nueva presidenta del Canal, Tania, no se ha reunido con las asesoras pese a su insistencia. Así que éstas, mientras esperan instrucciones, no saben qué quiere la presidenta, lo que las (sic) hace pensar que es posible que prescinda de sus servicios. A eso se le suma el rumor de que la presidenta traería su propio equipo de asesores de la empresa de publicidad de su marido».
Pocos días después, las «asesoras» de la Fundación CEPS encontraron por fin algo que hacer en Venezolana de Televisión (VTV). En el siguiente informe interno, firmado el 2 de marzo de 2010, las consejeras de CEPS Tatiana Martinelli y Raquel Barrero explican personalmente que «estuvimos acompañando el montaje del decorado de la nueva revista matutina Contrastes y las pruebas de realización» en las instalaciones de VTV.
«A petición de la gerente de programas», añaden, «estuvimos asesorándola en cuanto a los nuevos proyectos de contenidos que se quieren implantar en la cadena». Del mismo modo, especifican en su memorándum, se reunieron con la presidenta de la cadena, Tania Díaz, para «discutir la reformulación de los contenidos de la franja matutina».
Reconvertidos en expertos de la comunicación de masas, los emisarios de la Fundación CEPS habían encontrado un nuevo filón para obtener financiación del régimen venezolano. Martinelli y Barrero explican que también se han reunido con el presidente del canal internacional Telesur, Andrés Izarra, «para evaluar la propuesta de traslado de convenio de VTV a Telesur. Se acordó que la Fundación CEPS envíe la oferta de servicio a la cadena para su evaluación y posterior firma del nuevo convenio».