PDVSA pagó 2,7 millones a los socios de Morodo en Granadinas: el paraíso fiscal donde cobró Pablo Iglesias
El hijo del embajador Morodo cobraba de Chávez en una hora el sueldo mensual de 200 venezolanos
Los socios chavistas de Morodo han invertido 17 millones en comprar al contado casas y locales en España
Iglesias pierde el juicio contra Inda porque la noticia de su cuenta en un banco offshore «es veraz»
La nº 2 de Maduro que se reunió con Ábalos reparte los fondos a la ‘internacional’ chavista
Los socios chavistas del ex embajador de Zapatero Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, cobraron de la petrolera estatal PDVSA 2,7 millones de euros en las islas San Vicente y Granadinas, el mismo paraíso fiscal en el que Nicolás Maduro ordenó pagar 272.325 dólares a Pablo Iglesias.
Durante su etapa como directivo de PDVSA, Juan Carlos Márquez ordenó pagos por importe de 4,4 millones de euros a Alejo Morodo, hijo de Raúl Morodo, quien fue embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Nicolás Maduro también utilizó el paraíso fiscal de las islas de San Vicente y Granadinas, situadas en el Caribe, para ordenar abonar 272.325 dólares al actual vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, según informó OKDIARIO el 6 de mayo de 2016. Los tribunales españoles ya han determinado en dos ocasiones que dicha información es veraz.
Como ha informado este diario, los socios chavistas de la familia Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, han invertido 17 millones de euros en la compra de viviendas y locales comerciales en distintas ciudades españolas, para blanquear el dinero procedente del saqueo de la petrolera PDVSA. Realizaron la mayor parte de estas inversiones a través de la sociedad Consultora Alcander SL, de la que ambos eran socios al 50%.
La UDEF ya ha logrado acreditar que, de esta cantidad, al menos 4,3 millones de euros proceden de PDVSA, de la que era directivo Márquez (quien fue hallado muerto, ahorcado con su propio cinturón, el pasado mes de julio en San Sebastián de los Reyes).
La número 2 de Nicolás Maduro con la que se reunió el ministro Ábalos en el aeropuerto de Barajas, Delcy Rodríguez, es desde 2015 directora de la Junta Directiva de la petrolera PDVSA. En una etapa anterior (entre 2003 y 2005) fue directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas, a las órdenes del ministro Rafael Ramírez, que actuaba al mismo tiempo como presidente de PDVSA.
Según los datos aportados por la Agencia Tributaria, la sociedad Mapra Asesores (de la que era administrador único Adolfo Prada) recibió en apenas un año y medio ocho transferencias de PDVSA que suman 4,3 millones de euros, a través de una cuenta del JPMorgan Chase Bank: tres transferencias de 637.444 euros entre julio y noviembre de 2010, y cinco transferencias de 479.600 euros entre diciembre de 2010 y agosto de 2011.
Pero la UDEF ha aportado ahora al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz datos que indican que los socios del ex embajador Morodo recibieron al menos otros 2,7 millones de euros de PDVSA, a través del paraíso fiscal de las islas Granadinas y San Vicente. El mismo que utilizó Maduro para pagar al líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.
Inyectaron el dinero con un préstamo simulado
La sociedad de Márquez y Prada, Consultora Alcander, compró el 18 de junio de 2013 por dos millones de euros un local comercial de planta baja y sótano en plena calle Alcalá de Madrid, en una esquina próxima a la Plaza Manuel Becerra.
Ambos socios pagaron este inmueble gracias a una transferencia de dos millones de euros que habían recibido desde la sociedad Lakeside Overseas LTD, cuya dirección postal es la siguiente: Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, San Vicente y las Granadinas. La transferencia se realizó a través de una cuenta suiza del CBH Compagnie Bancaire Helvétique.
Según la información recabada por la UDEF, los administradores de Lakeside Overseas LTD son el venezolano Juan Márquez Vila y la española Carmen Cabrera Ramos, padres del propio Juan Carlos Márquez. Para dar apariencia legal a la operación, esta sociedad simuló un préstamo hipotecario de dos millones de euros a Consultora Alcander, utilizando como garantía el local comprado en la calle Alcalá de Madrid.
Juan Carlos Márquez habría colocado a sus padres al frente de su sociedad de San Vicente y Granadinas, para ocultar los pagos millonarios que recibía de la petrolera pública PDVSA, de la que era directivo.
En su informe remitido al juez Pedraz, la UDEF apunta que este dinero también procede presumiblemente del saqueo de la petrolera PDVSA. El magistrado instructor deberá comprobarlo ahora enviando una comisión rogatoria a San Vicente y Granadinas para analizar todos los movimientos contables de Lakeside Overseas LTD.
Esta misma sociedad, Lakeside Overseas LTD, transfirió otros 717.665 euros (un millón de dólares) a Consultora Alcander, la mercantil de Márquez y Prada, el 23 de mayo de 2014. En esta ocasión, la transferencia se realizó a través de una cuenta del Banco Espirito Santo de la isla Madeira (Portugal).
La UDEF indica en sus informes que la compra de inmuebles en España por importe de más de 17 millones de euros era el método utilizado por los socios del ex embajador Raúl Morodo para blanquear los ingresos procedentes del saqueo de PDVSA y otras actividades delictivas. El posterior alquiler de los inmuebles adquiridos les ha reportado unos ingresos adicionales de 3,5 millones de euros entre 2011 y 2018.
En una información que ya ha sido ratificada dos veces por los tribunales, OKDIARIO publicó el 6 de mayo de 2016 los documentos según los cuales Nicolás Maduro ordenó abonar al actual vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, 272.325 dólares en una cuenta del Euro Pacific Bank en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas. Siempre según la misma información, estos pagos se camuflaron como honorarios por «asesorías para el desarrollo social en el país».
Pablo Iglesias interpuso una demanda de protección del derecho al honor contra OKDIARIO y su director, Eduardo Inda, por publicar estas informaciones. Sin embargo, primero el Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid y luego la Sección Octava de la Audiencia Provincial Civil de Madrid han desestimado la demanda del líder de Podemos y han determinado que la información publicada por este diario es «veraz».