Juan Carlos I contrata para su defensa penal al abogado de López Madrid y el BBVA: Javier Sánchez-Junco

Sánchez-Junco
El rey emérito Juan Carlos I junto a su abogado, Javier Sánchez-Junco Mans.

La Casa del Rey ha anunciado este domingo que Juan Carlos I ha contratado como abogado al ex fiscal Javier Sánchez-Junco Mans que, en «el ejercicio del derecho a la defensa, será a partir de este momento quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes».

La Casa del Rey ha hecho este anuncio en la misma nota oficial en la que comunica que Felipe VI renuncia a la herencia de su padre, Juan Carlos I, quien además dejará de percibir cualquier asignación oficial con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Todo ello, pocas horas después de que el diario británico The Sunday Telegraph asegurara que Felipe VI aparece como «segundo beneficiario» del fondo offshore que su padre utilizó para «regalar» 65 millones de euros a Corinna Sayn Wittgenstein, un pago que desveló en exclusiva OKDIARIO.

El abogado que el Rey emérito ha contratado «en el ejercicio del derecho a la defensa», Javier Sánchez-Junco Mans, ha sido fiscal durante dos décadas hasta que, en 2001, pidió una excedencia para montar su propio despacho especializado en Derecho penal y económico.

Durante su etapa como representante del Ministerio público, Sánchez-Junco estuvo destinado en la Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias y Madrid, así como en la secretaría general técnica de la Fiscalía General del Estado, ante el Tribunal Constitucional y, desde 1996, en la Fiscalía Anticorrupción, a las órdenes de Carlos Jiménez Villarejo.

En este último cargo, se especializó en delitos económicos y fue —junto al teniente fiscal Luis López Sanz— el encargado de desempeñar la acusación del Estado contra Mario Conde y otros miembros de la antigua cúpula de Banesto. Durante la vista oral celebrada en 1999 en la Audiencia Nacional, Sánchez-Junco pidió una pena de 49,5 años de prisión para Conde, a quien acusó de desviar fondos irregularmente a Suiza, Liechtenstein y Holanda.

Tras fundar su propio despacho de abogados, Sánchez-Junco también ha intervenido en otros casos mediáticos como el de la estafa de Afinsa. Asumió la defensa de uno de sus consejeros, Tomás Olalde, después de que renunciara a hacerlo el prestigioso gabinete Cuatrecasas.

Del mismo modo, el fiscal en excedencia fue el encargado de ejercer la defensa del banquero Ángel Corcóstegui, en la causa abierta por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios contra él, José María Amusátegui y Emilio Botín por las indemnización millonarias que los dos primeros cobraron tras abandonar el Banco Santander Central Hispano (BSCH). Más recientemente, ha actuado como abogado del BBVA y del ex consejero de OHL Javier López Madrid.

Respecto a la polémica sobre sus sociedades offshore, Juan Carlos I ha pedido a la Casa del Rey que haga público que en «ningún momento» informó a Felipe VI de la existencia de la Fundación Lucum y la Fundación Zagatka, que el Rey emérito habría utilizado para ocultar su fortuna en el extranjero.

El comunicado difundido este domingo por la Casa del Rey recuerda que, tras abdicar en junio de 2014, Juan Carlos I anunció el 27 de mayo de 2019 que «ponía fin a toda actividad institucional u oficial, retirándose completamente de la vida pública». A partir de ahora, además, dejará de percibir cualquier asignación de los Presupuestos Generales del Estado, por decisión de su hijo, Felipe VI.

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