Bravo apunta a Gallardón ante el juez como el «gran responsable» de la compra de Inassa a través de Panamá

El presidente de Adif y ex consejero de Hacienda en la Comunidad de Madrid, Juan Bravo, señaló ante el juez del caso Lezo la responsabilidad principal de Alberto Ruiz Gallardón en la adquisición fraudulenta de Inassa por firmar el «contrato de compra» de 73 millones de dólares a través de una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá.

Según las fuentes del caso consultadas por OKDIARIO, en su declaración del pasado día 15 Bravo no citó directamente el nombre de Gallardón ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Sin embargo, sí apuntó en reiteradas ocasiones como responsables de la compra de esta filial colombiana del Canal de Isabel II a las personas que «firmaron el contrato».

La compra de Inassa la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001, y Gallardón firmó la operación al ser el presidente regional. En su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, el ex presidente madrileño señaló que desconocía los detalles de la operación, pero que tras conocerlos los asumía.

Estas mismas fuentes aseguran que la declaración de Bravo ha sido interpretada por los investigadores como una alusión clara y directa al que fue su principal valedor en política y consideran que sus palabras podrían abrir la caja de Pandora cuando Gallardón previsiblemente sea citado a declarar ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia.

En su comparecencia, Bravo también defendió la adquisición de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros), a través de una sociedad panameña. El actual presidente de Adif contestaba a todas las preguntas formuladas por la Fiscalía Anticorrupción, las defensas y la acusación popular.

Según el exconsejero de Hacienda, un despacho de abogados asesoró al Consejo a través de un informe señalando que si una de las condiciones para la compra era que se hiciese a través de esa sociedad panameña se efectuara así y una vez hecha la operación se disolviera dicha sociedad.

Bravo apuntó además que fue necesaria la autorización del Consejo de Gobierno y de la comisión de Hacienda para permitir la creación de Canal Extensia, que fue constituida en el mismo mes de la operación, y su endeudamiento para proceder a la compra de Inassa a través de la mercantil panameña Sociedad de Aguas de América.

Según el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional del pasado 2 de octubre, que avanzaba este diario, los hechos investigados en la compra de Inassa “se califican provisionalmente como presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales vinculado a los delitos anteriores”.

En el mismo auto, el magistrado indicaba que “el procedimiento se dirige contra Alberto Ruiz Gallardón, Carlos Mayor Oreja (exconsejero de Medioambiente, Juan Bravo Riera(exconsejero de Hacienda y actual presidente de ADIF), el resto de integrantes del Consejo de Gobierno que adoptó el acuerdo de 2001 y los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que adoptaron el acuerdo de 14 de noviembre de 2001″.

La declaración «crucial» de Canalda

El magistrado Manuel García Castellón ya ha tomado declaración en el marco del caso Lezo al expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo o al consejero de Presidencia con Joaquín Leguina y expresidente del Canal, Agapito Ramos. Todos ellos, incluido Bravo, eran miembros del Consejo de Administración del Canal en 2001, cuando se produjo la operación.

En su declaración de cerca de dos horas, Pedro Calvo negó irregularidad alguna en la adquisición de la filial Inassa y dijo desconocer el grado de conocimiento de Gallardón sobre esta operación, asegurando que dicha sociedad colombiana valdría en la actualidad «unos 200 millones de euros», por lo que la operación fue «beneficiosa para la Comunidad de Madrid».

Este jueves, el exdirector Económico y de Desarrollo Comercial del Canal de Isabel II en 2001, José Antonio de Cachavera Sánchez, aseguraba que los consejeros que aprobaron la compra de Inassa ese año sabían que la adquisición se hizo a través de una sociedad panameña.

Por su parte, el exgerente del Canal, Arturo Canalda, comparecerá como investigado el próximo 1 de febrero. Una declaración considerada crucial para el devenir de la instrucción.