El juez imputa 5 delitos a Gallardón y su Gobierno por la compra de Inassa a través de Panamá

El juez del caso Lezo imputa un total de cinco delitos a Alberto Ruiz Gallardón, su Gobierno de la Comunidad de Madrid y a los responsables del Canal de Isabel II en esa época por la compra «fraudulenta» de la filial colombiana, Inassa, a través de una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá por 73 millones de dólares en el año 2001.

Según el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional del pasado 2 de octubre, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los hechos investigados «se califican provisionalmente como presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales vinculado a los delitos anteriores».

En el mismo auto, el magistrado indica que «el procedimiento se dirige contra Alberto Ruiz Gallardón, Carlos Mayor Oreja (exconsejero de Medioambiente, Juan Bravo Riera (exconsejero de Hacienda y actual presidente de ADIF), el resto de integrantes del Consejo de Gobierno que adoptó el acuerdo de 2001 y los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que adoptaron el acuerdo de 14 de noviembre de 2001″.

El juez también apunta a los administradores de Canal Extensia SA en el momento de constitución y de la compra de Inassa, Gaspar Cienfuegos Jovellanos, Adrián Martin Lopez Huertas, Arturo Canalda, Salvador Cardona Aucejo; a las personas que firmaron el contrato de compra de Sociedad de Aguas de América SA el 13 de diciembre de 2001, el consejo de administración de Inassa que autorizó la compra de 2001, y a Francisco Olmos, Ignacio González (expresidente de la Comunidad de Madrid) y Edmundo Rodriguez Sobrino (expresidente de Inassa)».

Precisamente, esta semana han comenzado a declarar en calidad de investigados algunos miembros de la cúpula de Gallardón en la Comunidad de Madrid y el Canal por la adquisición de Inassa. Gallardón aún no ha sido citado por el juez, pero sí Juan Bravo o Arturo Canalda.

«El Consejo de Gobierno de la CAM, presidido por Alberto Ruiz Gallardón, autorizó el 29 de noviembre de 2001 a CYII para constituir Canal Extensia SA y a esta empresa pública a adquirir a título oneroso acciones de Inassa. En el acuerdo se autorizó un precio de compra de 73 millones de dólares (equivalente al cambio de la fecha aproximadamente a 83.655.000 euros)».

«Se aprobó un endeudamiento de Canal Extensia de 51,1 millones de dólares. El acuerdo se solicitó al Consejo de Gobierno de la CAM por Carlos Mayor Oreja, consejero de Medioambiente y presidente de CYII y se hizo a propuesta del consejero de Hacienda, Juan Bravo Rivera» añade.

El Canal adquirió 19.200 acciones por un precio de 19.200.000 millones de euros. «La mercantil Técnicas Valencianas del Agua SA (TECVASA) consiguió 6.400 acciones por un importe de 6.400.000 millones. Los administradores de Canal Extensia SA eran Gaspar Cienfuegos Jovellanos Fernández, Adrián Martín López Huertas, Arturo Canalda Gonzalez y Salvador Cardona Aucejo» concluye.

La sociedad «vehículo» panameña

Según los investigadores del caso Lezo, el 13 de diciembre de 2001, Canal Extensia SA adquirió el 100% de la sociedad panameña Sociedad de Aguas de América SAA por 73 millones de dólares. El acuerdo del Consejo de Administración de CYII y el acuerdo del Consejo de Gobierno de la CAM «se adoptaron intencionadamente con un grave quebranto de la legalidad vigente».

La mercantil panameña SAA se constituyó en Panamá el 2 de marzo de 2000 y se disolvió inmediatamente después de la operación. El agente de la sociedad en Panamá era el despacho de abogadas panameño «De Obaldía y García de Paredes».

La sociedad SAA era la propietaria del 75% del capital social de Inassa y del 51% del capital social de Watco Dominicana SA. Tras la disolución de SAA, Inassa, Watco Dominicana SA y otras nueve mercantiles participadas en más de un 50% por Inassa, se integraron en el sector público de la CAM a través de Canal Extensia SA.