Fraude en la Universidad de Cantabria

Denuncian en comisaría el fraude de las firmas falsificadas de la Universidad de Cantabria

El decano de las firmas falsas de la Universidad de Cantabria, Pablo Coto, junto al líder del PSOE de Santander, Pedro Casares
El decano de las firmas falsas de la Universidad de Cantabria, Pablo Coto, junto al líder del PSOE de Santander, Pedro Casares
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El fraude de las firmas falsificadas de la Universidad de Cantabria destapado por OKDIARIO ha sido denunciado en una comisaría. Se trata de un escándalo en el que los implicados son el líder del PSOE de Santander, Pedro Casares, y el decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Pablo Coto Millán.

La denuncia fue interpuesta el pasado martes en una comisaría situada en el centro de Santander, justo el día en el que este periódico destapaba en primicia que la Universidad de Cantabria contrató en tres ocasiones al tesorero del PSOE de Santander, Javier López Garrido, con firmas falsificadas.

La declaración de los denunciantes ante la Policía Nacional se llevó a cabo en torno a la medianoche y duró dos horas y media. En el relato, al que ha tenido acceso este periódico, se detalla cómo se han falsificado varias firmas del tribunal de selección para contratar al tesorero del PSOE de Santander en la Universidad de Cantabria, entre otras cosas.

Dichos tribunal estaba formado por Pablo Coto Millán, decano de la Facultad de Económicas y Empresariales; Manuel Agüeros Sánchez, profesor de Economía y Pedro Casares, también profesor en la Universidad de Cantabria, además de líder del PSOE en Santander.

Una segunda denuncia

OKDIARIO ha tenido conocimiento de que un Juzgado de Instrucción de Santander ha recibido una segunda denuncia sobre el asunto del fraude de las firmas falsificadas. En este caso, va dirigida al número uno del PSOE de Santander, Pedro Casares.

Entre los delitos que se relatan en el escrito y se instan a investigar están el de falsedad en documento público. Dicho delito está recogido en el artículo 390 del Código Penal y dice lo siguiente:

“Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad en documento público”.

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