Un informe oficial del Foreign Office anticipa «al menos una década de incertidumbre» por el Brexit

Los políticos británicos jugaron con sus electores durante la campaña electoral y mandaron mensajes de brocha gorda y consumo rápido para volcar a su favor la equilibrada balanza entre partidarios y contrarios del Brexit. Para los euroescépticos, era la salvación y la «independencia»; para los eurófilos, «un desastre» y una decisión que «pondría en riesgo la seguridad de Reino Unido». Lo que pocos hicieron fue leerse el informe preparado por el Foreign Office The Process for Withdrawing from the European Union (El porceso de abandono de la Unión Europea), un elaboradísimo documento de 28 páginas que anticipa «al menos una década de incertidumbre» para la economía y las relaciones exteriores británicas en caso de la victoria del ‘Leave’.

El texto fue presentado al Parlamento de Westminster el pasado 22 de febrero, para el estudio reservado de los miembros de la Cámara de los Comunes. En él se detallan los condicionantes jurídicos, legales y económico-financieros que tendrá que afrontar el nuevo primer ministro cuando tome posesión a principios de septiembre, tras la dimisión de David Cameron.

El informe inicia con la advertencia de que, tal como anticipó el ‘premier’ en un discurso ante el el Parlamento sobre sus negociaciones en el Consejo Europeo el pasado 22 de febrero, «si el pueblo británico vota por el abandono de la UE», el mandato será «imperativo y final». Pero el ministerio de Exteriores británico advierte: «la única ruta legal» para la salida de la Unión, «la invocación del artículo 50 de los Tratados» es un «terreno inexplorado sin precedentes» y las negociaciones se tendrán que mantener no tanto con las instituciones europeas como «con los 27 Estados miembros».

La alambicada burocracia europea, una de las quejas de todos los euroescépticos, jugará «en contra de los intereses británicos», pues habrás tres instituciones implicadas –el consejo, la Comisión y la Eurocámara–, cada una con sus competencias, vigilando y con capacidad de veto cada paso que se dé. Y el plazo previsto, de dos años, sólo se podrá ampliar «con el consenso de todos los 27 países implicados». Uno solo que se niegue pondrá a Londres en un limbo «sin protección alguna» entre la desaparición de la legislación comunitaria y su sustitución por acuerdos de asociación económicos, sociales, laborales, mercantiles…

El documento ejemplifica aquí cuáles pueden ser los perjuicios concretos para los ciudadanos británicos, unos argumentos no escuchados durante la campaña electoral: «el libre tránsito de los viajeros británicos» por Europa quedaría comprometido, «la residencia y el permiso de trabajo» no estarían sostenidos por ninguna ley y «desaparecería el acuerdo de libre comercio» entre las partes.

Las relaciones internacionales, comprometidas

Una de las derivadas de las que advierte el Foreign Office es la capacidad de Reino Unido para continuar su vida fuera de la UE. Si bien el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha insistido en que «la especial relación entre los dos países continuará», Londres prevé un deterioro de su ‘independencia’ en el mundo, con una comprometida capacidad negociadora: «Cualquier país con el que queramos firmar un tratado querrá saber cómo van a quedar nuestra relaciones con la UE antes de negociar y comprometerse a nada».

Así, la conclusión del departamento dirigido por Philip Hammond es que el periodo oficial de dos años se queda muy corto respecto a las previsiones reales de las consecuencias del Brexit: «primero deberemos mantener una extensa negociación para salir de la UE, después tocará acordar los términos de nuestra relación con la Unión, y más tarde podremos llegar a acuerdos con terceros países». En suma, el Brexit «no será el final de un camino, sino el inicio de un proceso que puede llevar a al menos una década de incertidumbre».

Otro de los aspectos que trata el documento es el del comercio internacional. La salida de Reino Unido de la UE hará que desaparezcan los acuerdos de libre comercio que permiten a los Estados miembros la libre circulación de sus mercancías en todo el territorio de la Unión. Así, «las relaciones económicas con los países de la UE estarán regidos por las normas de la Organización Mundial de Comercio» (WTO, por sus siglas en inglés), y eso significará que «podrán aplicarnos aranceles a nuestros productos». Además, el nuevo estatus de Londres en el seno de esa organización obligará a negociar y a que «todos los miembros de la WTO acepten las nuevas condiciones de Reino Unido» a este respecto. Una plaza como la británica, líder mundial en el comercio y, sobre todo, en las finanzas, puede «sufrir» en un proceso que «no será unidireccional».

Cómo será el proceso

El Departamento de Exteriores del Gobierno Cameron detallaba en el documento presentado a los parlamentarios cuáles serán los pasos que seguirán tras el referéndum del 23 de junio.

Para empezar, Londres deberá activar el artículo 50 enviando una carta al Consejo Europeo, que se reunirá sin el primer ministro británico para aprobar las líneas maestras que la Comisión deberá seguir en la negociación. Todos los países deben votar a favor de este texto.

Cuando se llegue a un acuerdo lo deberán aprobar las dos partes. Por el lado europeo, el Consejo deberá aceptarlo por mayoría cualificada. En este momento, un Estado miembro por sí solo no podrá vetar la definitiva separación de Gran Bretaña de la Unión, pero sí que deberá concitarse al apoyo de al menos 20 países que representen como mínimo el 60% de la población de la UE.

Además, el Parlamento Europeo deberá votar a favor del acuerdo final por mayoría simple (excluyendo a los diputados deReino Unido), y el pacto entrará en vigor en la fecha que se acuerde (si se ha logrado cerrar en menos de dos años o ningún país ha vetado la extensión del plazo).

Tanto los presidentes del Consejo, Donald Tusk, como de la Comisión, Jean-Claude Juncker, además del de la Eurocámara, Martin Schilz, han dejado claro que «si hay Brexit debe iniciarse ya», rechazando la pretensiónde Cameron de retrasar hasta el otoño la activación del Artículo 50. Esto tiene sentido, dado que las consecuencias políticas del triunfo de la opción del ‘Leave’ en el referéndum británico son mucho más graves a largo plazo que las económico-financieras a corto.

Los populismos ya han tomado nota y en Polonia, en Francia y en Holanda, los líderes de la extrema derecha han pedido una consulta similar a la llevada a cabo por Cameron en Reino Unido. De ahí la respuesta unánime de los responsables de las instituciones, y la reunión de los seis países fundadores en Berlín este fin de semana y el nombramiento de un europeísta convencido, el belga Didier Seeuws, para iniciar la negociación. También la cumbre improvisada por Hollande Merkel y Renzi, en la que urgían a Londres a reducir la incertidumbre y «activar ya» el Artículo 50. Las declaraciones de Angela Merkel este martes tampoco han dejado lugar a dudas de que Londres afronta una situación inesperadamente grave: «La negociación con reino Unido no podrá ser a la carta», ha dicho.

Y es que el documento del Foreign Office ya insistía en explicar a los miembros de la Cámara de los Comunes que el Artículo 50 de los Tratados Europeos «no prevé nada respecto a la futura relación con la UE del Estado que la abandona» y que, por tanto, «cualquier detalle a este respecto debe negociarse por separado». Es más, «que sea de manera simultánea o posteriormente también será objeto de negociación».