El ‘caso Mensalao’: la inmensa maquinaria de sobornos que creó Lula para conseguir apoyo político

El caso Mensalao («gran mensualidad» en portugués) se destapó en 2004, cuando el diario Folha de São Paulo denunció que el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva había comprado favores políticos para obtener apoyos en el Congreso, desviando unos 40,5 millones de euros de los fondos públicos con el fin de garantizar la estabilidad del Gobierno de Lula (2003-2010). El PT sobornó a los legisladores del Partido Progresista (PP), del Partido Laborista Brasileño (PTB), del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y del Partido Liberal (PL), extinto en 2006 y reconvertido en el Partido de la República (PR).  Se calcula que cada congresista podría haberse llevado una mensualidad de 9.500 euros al mes por dar su apoyo a Lula.

El PT había llegado al poder en 2003 sin mayoría parlamentaria y debió tejer alianzas con partidos que no le eran afines para impulsar sus proyectos. Según las investigaciones, ahí surgió el Mensalao, un sistema de compra de voluntades que distribuía un sobresueldo a numerosos legisladores, financiado ilegalmente con recursos públicos. En total, el partido de Lula untó a 38 ex ministros, ex diputados, banqueros y empresarios imputados por los delitos de corrupción, peculado, blanqueo de dinero, evasión de divisas y formación de organización criminal, entre otros. Tras tres meses y 39 sesiones de proceso judicial, el alto tribunal condenó a 25 de los 38 imputados por corrupción activa y pasiva, blanqueo de dinero, gestión fraudulenta, evasión de divisas y asociación delictiva.

Lula, que no figuró entre los acusados, pidió perdón y consiguió la reelección en 2006 con altos índices de popularidad en un país donde la corrupción convive con la pobreza extrema. Y todo pese a que Marcos Valerio, un empresario condenado a 40 años de prisión por el escándalo del Mensalao, dijese a los fiscales que Lula había recibido dinero de un programa ilícito que usaba fondos públicos para pagar a los partidos de la coalición a cambio de apoyo político. Concretamente, acusó a Lula y al que fuera su ministro de Finanzas entre 2003 y 2006, Antonio Palocci, de haber negociado una paga de 7 millones de dólares en 2005 con el presidente de la compañía Portugal Telecom a través de una cuenta en Macau (China). Valerio era conocido como «valerioducto» por ser el encargado de conectar a los miembros del PT con los parlamentarios de otros partidos cuyo apoyo era comprado.

Dirceu

Todos los pagos salían de la misma ventanilla: las oficinas de José Dirceu, el principal asesor de Lula entre 2003 y 2005 y fundador junto a él del PT.
Lo mejor de todo es que Dirceu utilizaría el mismo esquema para montar el Lava Jato. Según el procurador federal Carlos Santos Lima, Dirceu fue uno de los políticos que instituyó la red de sobornos de Petrobras. Dirceu y sus allegados recibían de la corrupción en Petrobras unos 58.480 dólares por mes, incluso estando preso por el caso Mensalao, el hermano pequeño del caso Petrobras surgido de la Operación Lava Jato.

Según el fiscal Deltan Dallagnol, jefe del equipo de la Operación Lava Jato, los indicios mostraron la «continuidad de un único e inmenso esquema delictivo» que convirtió a la democracia del gigante latinoamericano en una «sobornocracia». «La corrupción sistémica, además de persistir, fue incrementada después de la salida formal de Dirceu del gobierno, porque el comandante de la estructura delictiva no era él, si no el propio Lula», indicó el texto de la fiscalía.

Además de Dirceu, fueron condenados el ex presidente del PT, José Genoino, el ex tesorero del PT, Delúbio Soares, el empresario Marcos Valério, sus socios -Ramón Hollerbach y Cristiano Paz-, una de sus trabajadoras -Simone Vasconcelos- y dos empleados de Banco Rural -Kátia Rabello y José Roberto Salgado-.