Zoido encarga la identificación de los piquetes del 8-N ¡a los mossos que hicieron la vista gorda!

Los mismos Mossos d´Esquadra que recibieron la orden de ‘pactar y mediar’ con los piquetes independentistas y de mirar para otro lado ante los numerosos incidentes ocurridos en la huelga del pasado miércoles son ahora los encargados de identificar para sancionarlos a los más de 100 radicales que cortaron carreteras y vías de tren el 8-N.

El Ministerio del Interior, ahora al mando de los Mossos d´Esquadra desde  su intervención vía artículo 155 (debida a su actuación desde el 1-O, cuando la cúpula de este cuerpo policial engañó al Gobierno asegurando al equipo de Juan Ignacio Zoido que impediría el referéndum ilegal) ha asignado la tarea de revisar las imágenes de los saboteadores a un cuerpo policial que negoció con piquetes y manifestantes. Por ejemplo, y tal y como  avanzó OKDIARIO, así lo hizo en el levantamiento de barricadas.

Ese día, y según ha anunciado el propio titular de Interior se llegó a identificar a más de 100 manifestantes a los que se pidió documentación con validez (DNI, NIF o pasaporte). Pero ahora, los mossos deberán analizar vídeos y fotografías para presentar las pertinentes denuncias administrativas o penales, también para la posible identificación de otros radicales que participaron en la interrupción de la circulación en carreteras  o el tráfico ferroviario. Datos y pruebas gráficas, que finalmente se pondrán a disposición del juez.

Mandos que no pedían documentación

Eso en el caso de que los mandos encargados de esta labor (normalmente son los jefes de dispositivo, informan fuentes de la policía catalana) procedieran a ello. En Barcelona se dieron situaciones en las que el subinspector que coordinaba el operativo tan sólo dialogó con los huelguistas sin pedir el documento para identificarles, según testigos presenciales. Y ahora el ministro les ordena que procedan a colaborar con la Justicia.

Los agentes cuentan con grabaciones de esos cortes en lugares de Barcelona, como la entrada a la Avenida Diagonal. O en puntos de la A-2 como Abrea, o San Juan Despí , y de la AP-7, a la altura de Figueras, a unos kilómetros de la frontera con Francia.

El instrumento legal con el que cuenta Interior para sancionar a los radicales que vulneraron los derechos de miles de ciudadanos que no pudieron desplazarse con libertad el 8-N es la Ley de Seguridad Ciudadana. Una normativa que otorga a la policía la capacidad de multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez lo ordene «la autoridad competente». También sanciona «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones».

Las multas que recoge varían desde los 100 a 600 euros para las infracciones leves, hasta  los 601 a 30.000 euros para las graves; las muy graves se podrán castigar con sumas que oscilan entre los 30.001 a los 600.000 euros. Los separatistas ya hablan de «estrategia represiva» en caso de multar a los autores de este tipo de coacciones.

Les multes que preveu l’estratègia repressiva del Ministeri d’interior contra les mobilitzacions anirien de 600 a 600.00 € per manifestant

— L’Accent (@laccent) 10 de noviembre de 2017

Pero además cortar o bloquear carreteras o vías de tren puede llegar a conllevar penas de cárcel de hasta cinco años.

El propio ministro, que ha señalado que se llevaron a cabo más de 200 intervenciones el 8-N con ‘algunos apoyos’ de la Policía Nacional y la Guardia Civil (como en la estación del AVE de Sants en Barcelona) y un centenar de identificaciones, se comprometía a que «no les saldrá gratis».

El reto es que los Mossos que ahora comanda ayuden a que radicales y violentos, que incluso llegaron a apedrear coches que intentaban superar vías cortadas, colaboren en ello.