El ex vicepresidente de Melilla detenido subvencionó con 70.000 € la ONG de su sobrino

La Policía Nacional ha lanzado una operación contra el partido político Coalición por Melilla (CPM), que ostentó el Gobierno de la ciudad autónoma gracias a sus socios del PSOE, por el amaño de contratos públicos por un valor de seis millones de euros. Uno de los arrestados es el ex vicepresidente y el ex consejero de Medio Ambiente de Melilla, Hassan Mohatar, que adjudicó un contrato público de 70.000 euros a la ONG que presidía su sobrino, Abraham Mohamed Mohand. Gracias a estos fondos públicos, Abraham recibió un sueldo de 4.199 euros mensuales durante tres meses.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla investiga a la cúpula de CPM por su presunta implicación en varias irregularidades cuando esta formación ocupó el Gobierno de la ciudad en coalición con PSOE entre 2019 y 2023. A los políticos de origen marroquí se les investiga por cometer presuntos delitos de pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Uno de los contratos adjudicados durante esta etapa de Gobierno de coalición socialista fue el que se le concedió a la asociación Integramel. Según la documentación revisada por OKDIARIO, la ONG se creó tan sólo dos meses antes de recibir la subvención y carecía de sede física. Esta partida de dinero público fue adjudicada a dedo mediante una concesión directa que fue a parar al sobrino de uno de los consejeros de CPM que permanece en prisión sin fianza tras ser detenido por la policía. En concreto, fue el consejero de Deportes, Rachid Bussian, quien otorgó este contrato público al sobrino de su compañero. Bussian también fue detenido en la operación policial y está en prisión provisional sin fianza.

El contrato con el que se hizo el sobrino del consejero fue la adjudicación de un programa deportivo formativo para la conciliación familiar en tiempos de covid llamado Concilia y dotado de 70.000 euros. Sin embargo, durante el periodo de la pandemia -en el que fue otorgada la subvención- estaba prohibida la práctica deportiva en los centros educativos. También existió un contrato 14.700 euros para prestar apoyo administrativo del que se extrajo el sueldo que debía cobrar Abraham Mohamed Mohand que, en tan sólo tres meses, se embolsó un salario mensual superior a los 4.000 euros.

La memoria del proyecto recoge que se iba a pagar esta factura, por lo que los consejeros de CPM conocían que el coordinador de la ONG iba a cobrar este sueldo que supera el salario de los propios consejeros. También los socialistas de Melilla conocían estas adjudicaciones, ya que en ese momento Gobernaban la ciudad autónoma con sus socios de CPM.

Ayudas para Melilla

El contrato con Integramel adjudicado al sobrino del líder de CPM no es el único sospechoso. Fuentes del Gobierno de Melilla aseguran que durante la pandemia se dieron ayudas sin control. La mayoría de estas subvenciones se vehicularon a través de un departamento de nueva creación que denominaron Consejería de Distritos en la que CPM colocó a Mohamed Ahmed, también detenido en la operación policial.

La adjudicación de una de estas ayudas fue denunciada ante el Ministerio de Política Territorial en el que se exponía que la Consejería de Distritos de la ciudad autónoma de Melilla había incumplido su obligación legal de publicar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) cualquier información sobre los más de 300.000 euros en ayudas concedidas. En concreto, la denuncia se refiere a unas ayudas públicas destinadas a atender las necesidades alimentarias básicas e infantiles, de aseo e higiene de las familias vulnerables y sin recursos de los distritos de Melilla. El Gobierno de España aún no ha respondido a esta denuncia presentada el 14 de noviembre de 2020 a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Compra de votos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla también investiga la compra de votos por parte de los líderes de CPM. Fuentes consultadas señalan que los políticos de origen marroquí compraban votos por correo a los ciudadanos que habían solicitado ejercer su derecho constitucional por esta vía. Así conseguían superar su techo de voto para lograr la victoria en las elecciones. «Tenían comprada la mayoría absoluta en Melilla», señalan las mencionadas fuentes.

Pero el plan de CPM se fue al traste. La red de compra de votos fue interceptada por la juez que paró el pucherazo que se estaba fraguando en las pasadas elecciones autonómicas del 28M. La juez concluyó que el presidente del partido, Mustafa Aberchán y CPM desviaron fondos públicos para «alcanzar el Gobierno» de Melilla en 2019 y que intentaron «mantenerse» en el poder en 2023. Aberchán, que fue presidente de Melilla, es otro de los encarcelados en la operación policial contra el Gobierno de coalición socialista.