Informe de fiscalización de 2016

El Tribunal de Cuentas revela que Podemos incumplió la ley al ingresar las donaciones de sus cargos

Iglesias Dina
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso. (Foto: Europa Press)

El Tribunal de Cuentas ha detectado que Podemos carecía de una cuenta específica para ingresar las donaciones de sus cargos, algo que supone un incumplimiento de la ley de financiación de partidos políticos.

Así lo recoge en concreto en el informe relativo a la fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y las actividades de éstos, financiados con cargo a subvenciones públicas, durante el ejercicio 2016.

El organismo fiscalizador señala que Podemos «no disponía en el ejercicio 2016 de una cuenta bancaria específica para el ingreso de las aportaciones de cargos públicos, incumpliendo lo señalado en el artículo 8.1» de la ley de financiación de los partidos políticos (LOFPP).

Así, las aportaciones, por un importe nada desdeñable -2.801.798,79 euros- «fueron ingresadas en una de las cuentas bancarias abiertas exclusivamente para recibir las donaciones, lo que vulnera el artículo 4.2 b) de la LOFPP».

En concreto, la ley establece que las aportaciones privadas que no procedan de los afiliados «deberán abonarse en una cuenta distinta», que será «abierta exclusivamente para dicho fin». También determina que «los ingresos efectuados en estas cuentas serán, únicamente, los que provengan de estas donaciones» y que «el partido político comunicará a las entidades de crédito en las que tenga cuentas abiertas y al Tribunal de Cuentas, cuál o cuáles son las que se encuentran destinadas exclusivamente al ingreso de donaciones». A su vez, «las entidades de crédito informarán anualmente al Tribunal de Cuentas sobre las donaciones que hayan sido ingresadas en las citadas cuentas».

Las donaciones de los cargos públicos de Podemos se encuentran ahora en el punto de mira de la investigación al partido por una presunta ‘caja B’. En el marco de esta causa, el juez ha citado como imputados a Juanma del Olmo, secretario de Comunicación y mano derecha de Pablo Iglesias; al tesorero Daniel de Frutos y a la gerente. Podemos está también imputado como persona jurídica.

Opacidad

La opacidad de Podemos con el uso de esos fondos se constata en sus propios informes de fiscalización. El paradero del dinero, procedente de los excedentes salariales que los cargos deben poner a disposición del partido, es una incógnita que Podemos no despeja desde hace años. Y eso que las cantidades son importantes. El último informe, relativo a 2019, señala que se recaudaron por esa vía 1,9 millones de euros.

Ese mismo 2016 -el año que ahora el Tribunal de Cuentas fiscaliza, detectando irregularidades- Podemos se jactó de haber repartido 500.000 euros donados de cargos públicos a proyectos sociales a través de la plataforma Impulsa, promovida por el propio partido. Pero desde la publicación de las bases de la tercera convocatoria, en septiembre de ese año, nada se ha vuelto a saber del destino de esas aportaciones.

Las últimas cuentas publicadas, relativas a la contabilidad de 2019, apuntan a que el gasto social fue de 360.000 euros pero no detallan cuáles son estos proyectos a los que se destina el dinero.

Podemos atraviesa uno de sus momentos más delicados a cuenta de una presunta ‘caja B’. El escándalo ha estallado tras la declaración del ex jefe del equipo jurídico, José Manuel Calvente, que fue purgado del partido por investigar las presuntas irregularidades. En dicha comparecencia, Calvente aseguró que la formación morada pagaba sobresueldos y habló de la existencia de una ‘Caja de Solidaridad’, nutrida presuntamente con las aportaciones de los cargos, que estaría siendo utilizada por el partido para ocultar gastos opacos.

Según su reglamento de constitución, dicha caja pretendía «construirse como una herramienta que posibilite una respuesta y acercamiento a las necesidades de la ciudadanía, tejiendo redes con diferentes colectivos y con los sectores populares en un proyecto de lucha conjunta por la justicia social en clave de solidaridad y construcción de movimiento popular».

El abogado purgado apuntó además en concreto a las presuntas irregularidades por parte del diputado y portavoz de Podemos Rafa Mayoral en la utilización de estos fondos. El diputado de Podemos, según señaló el denunciante, utilizaba esa caja para «realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal alguno sobre los destinatarios a supuestas entidades opacas y sin identificar».

Subvenciones

Como reveló OKDIARIO, en dicho informe, el Tribunal de Cuentas detectó también irregularidades en las subvenciones recibidas por Podemos para gastos de seguridad.

En concreto, la formación de Pablo Iglesias recibió ese año 384.276,94 euros. Sin embargo, el organismo fiscalizador detectó algunos conceptos «no subvencionables». Entre ellos, un importe de 131.927,15 euros correspondiente al coste laboral de cinco trabajadores encargados de la identificación de acceso a la sede central de la formación.

«Del análisis de los respectivos contratos de trabajo se deduce que los mismos no especifican la realización de funciones de Seguridad establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada», se indica.

El organismo también rechaza como subvencionable un importe de 201.400,47 euros correspondiente al coste laboral de ocho trabajadores de la formación «que se encargan de la Seguridad en actos públicos». Y por el mismo motivo: «Del análisis de los respectivos contratos de trabajo se deduce que los mismos no especifican la realización de funciones de Seguridad establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada».

Del mismo modo, tampoco se acepta un importe de 9.045,75 euros correspondiente a cursos de formación en Seguridad privada a favor de trabajadores cuyo coste laboral no se ha admitido en los apartados anteriores.

«Por lo anterior, al no aceptarse gastos por un total de 389.646,10 euros, el importe de la subvención que se considera justificado asciende a 63.309,87 euros, por lo que existe un importe de 320.967,07 euros que deberá ser objeto de reintegro», apercibió el organismo.

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