Transparencia exige a Sánchez los informes ‘fake’ con los que culpó a C’s de los ataques del Orgullo Gay

Pedro Sánchez se niega a entregar los informes ‘fake’ publicados por El País que acusaban a Ciudadanos de haber provocado los ataques que sus diputados recibieron en la manifestación del Orgullo Gay. Transparencia se ha cansado del tira y afloja y ha reclamado ya al Gobierno la entrega inmediata de los informes para confirmar el origen de los mismos.

La historia viene de lejos. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se negó desde el primer momento a hacer entrega a la opinión pública del polémico informe, filtrado al buque insignia de Prisa. El primer documento fue parcheado días después de su publicación por el periódico ante la evidencia de la falsedad de los membretes oficiales que mostraba y de los enormes rastros que desvelaban que se trataba de un informe ‘fake’ filtrado desde instancias oficiales. El País, de hecho, señaló días después que “el informe policial definitivo ratifica que no hubo agresiones físicas a Ciudadanos en el Orgullo”, destacando que el nuevo informe ya disponía de “todos los elementos que le confieren carácter oficial”.

Pero el presidente en funciones siempre se negó a mostrar los informes oficialmente. Recientemente, la Fiscalía ha desautorizado la postura oficial del Gobierno al apreciar que sí existieron coacciones contra miembros de Ciudadanos durante el desfile del Orgullo, si bien ha solicitado el archivo provisional de las actuaciones al no poder determinar “el autor o autores del delito”.

Resolución del Consejo de Transparencia

Ahora, una resolución del Consejo de Transparencia del 4 de diciembre obliga a Pedro Sánchez a hacer entrega de todos los informes policiales que sobre este asunto se hubieran elaborado, desautorizando de pleno los argumentos dados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: ni se pone en riesgo la seguridad pública, ni existe razón alguna para que la ciudadanía no conozca tales informes, pues “sólo el acceso oficial proporcionado por el MINISTERIO DEL INTERIOR garantizaría la veracidad del documento hecho público y, en consecuencia, la posición manifestada –oficialmente-, por el Cuerpo de la Policía Nacional respecto de los hechos producidos”. Interior había alegado que «resulta evidente que este tipo de análisis y actuaciones afectan a la seguridad y no pueden difundirse».

Pero lo más sorprendente ha sido que, tras la polémica y el respaldo que el propio Marlaska hizo de manera pública al carácter oficial del informe falso filtrado a El País, ahora desde la Dirección General de la Policía se pretende quitar importancia a tales actuaciones al afirmar que se trata de “comunicaciones internas”, no siendo estos “informes vinculantes”. Argumentos que el Consejo de Transparencia ha echado por tierra de manera contundente.

Asimismo, en relación a la identidad del funcionario o cargo público que filtró el informe a El País -actuaciones que pueden constituir un delito de revelación de secretos o una infracción disciplinaria muy grave- Interior se limita a señalar que existen dentro de la Policía “unidades encargadas de determinar la existencia de posibles responsabilidades disciplinarias”, pero no informa de si en efecto las mismas han iniciado actuaciones a este respecto para esclarecer quién y cómo hizo entrega de un informe que acabó siendo publicado en El País, informe salido de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El Consejo de Transparencia ha estimado igualmente la reclamación formulada contra la actuación de Marlaska en este asunto en relación al tipo de instrucciones y directrices de las que dispone el Ministerio que dirige, respecto a la entrega y puesta a disposición de los medios de comunicación de los informes preliminares sobre actuaciones policiales. De esta manera, Marlaska deberá explicar si las mismas existen o, si por el contrario, se trata de una filtración interesada que tuvo por único destinatario a El País.

El Consejo de Transparencia le afea severamente su negativa a entregarlo cuando afirma que el mismo es de conocimiento público y se puede consultar en el enlace que a tal efecto El País aún mantiene, por lo que le obliga a entregar no sólo el informe en cuestión, sino copia de “los informes policiales existentes ya sean preliminares o definitivos en relación a los incidentes y agresiones sufridas según denuncian los participantes de Ciudadanos.”

A la vista de las últimas actuaciones de la Fiscalía, el conocimiento público de tales informes y de las actuaciones posteriores, pueden arrojar nuevos datos al respecto de las diligencias policiales practicadas para identificar a los responsables de las coacciones, pero también para verificar hasta qué punto los hechos denunciados han sido manipulados por intereses partidistas del Gobierno de Sánchez.