LGTBI 2019

Una juez investiga el informe ‘Marlaska’ que silenció las agresiones a C’s en el Orgullo

La titular del juzgado de instrucción número 45 de Madrid ha decretado la apertura de diligencias previas a la admisión de la denuncia planteada por la asociación profesional 'Una Policía para el siglo XXI'.

‘El País’ publica un informe policial sin firma para culpar a C’s de la agresión que sufrieron en el Orgullo

Fernando Grande-Marlaska pedro-sánchez
Marlaska Orgullo LGTBI 2019

El juzgado de instrucción 45 de Madrid investiga -bajo el número de actuaciones 1387/19- el informe policial, supuestamente oficial, que el pasado mes de julio se filtró a El País y en el que se ocultaban las agresiones sufridas por varios diputados Ciudadanos durante el desfile del Orgullo LGTBI 2019 en la capital.

Tras la denuncia policial interpuesta por la asociación profesional ‘Una Policía para el siglo XXI’, la magistrada Marta Fernández Pérez ha decretado la apertura de diligencias previas a la admisión de la misma.

Fuentes judiciales confirman a OKDIARIO que la juez tendrá que decidir si, tal y como solicitan los denunciantes, insta la comparecencia del comisario provincial de Información -y comisario superior de la Policía Nacional de Madrid- para que identifique, «con número de placa», al autor del informe filtrado al diario de Prisa y determinar si, a la luz de su testimonio, éste debe ser formalmente imputado por un delito de prevaricación, en la confección del polémico documento.

La denuncia interpuesta ante la Fiscalía por los representantes de ‘Una Policía para el siglo XXI’ requería la investigación judicial de la posible falsedad documental de dicho informe. Un texto en el que se acusaba a los miembros de Ciudadanos de las agresiones que sufrieron, el día de autos, y por los que se vieron obligados a abandonar la comitiva con la que la formación naranja participó, resistiendo al veto de los organizadores, en la pasada edición del desfile del Orgullo Gay de Madrid.

Inés Arrimadas, Patricia Reyes y Lorena Roldán, entre otros, salieron escoltados por efectivos de la Policía Municipal de Madrid y miembros de la UIP (Unidad de Intervención ‘antidisturbios’) de la Policía Nacional, que reforzaron a los agentes locales.

Minutos antes de la llegada de los refuerzos, varios agentes de paisano -del área de Información de la Policía Nacional- se vieron obligados a intervenir para parapetar a los políticos que estaban siendo objeto de insultos y lanzamiento de objetos por parte de algunos grupos de asistentes al evento.

Dos versiones

«El daño al prestigio» de la Policía Nacional como institución «y de los policías» como miembros de la misma «es muy grave», lamentaban entonces los agentes en un comunicado que publicaron al hilo de lo ocurrido y tras descartar la tesis de las dos versiones -preliminar y definitiva- aportada desde el Ministerio del Interior sobre los defectos iniciales del informe técnico, en cuestión.

Los policías advirtieron desde un primer momento de los defectos formales del documento publicado por El País, que hacían sospechar de las conclusiones recogidas en el mismo.

En la «versión previa» de la que se hizo eco, inicialmente, el diario de Prisa, no constaba la firma de ningún responsable operativo ni mando policial, el encabezado era incorrecto -en el margen superior derecho aparecía estampado un sello defectuoso de la Jefatura General (de) Policía, donde faltaba el «de»- y no figuraba el logotipo oficial del ’40 aniversario de la mujer policía’, tal y como exigía una circular interna, remitida a principios de 2019, para su inserción obligatoria en todos los escritos, comunicados y notas oficiales que fueran susceptibles de emitirse durante este año.

Los agentes advertían que «llegados a este punto» y «habiendo interpuesta ya una denuncia» -en la que Ciudadanos calificó el ataque recibido en el Orgullo de «maniobra organizada»- era imprescindible que el Ministerio Público depurase responsabilidades sobre la autoría y autenticidad del dudoso informe publicado.

Máxime cuando dos días después, El País se hacía eco de una segunda versión «definitiva» del documento donde, esta vez sí, se incorporaban todos los requisitos para dotar de oficialidad al mismo y se subsanaban los defectos de los que adolecía el «preliminar».

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