Mohamed VI como el pájaro cuco

En octubre de 2018, en mi etapa como eurodiputada, viajé a Ceuta junto a Javier Nart para conocer sobre el terreno los problemas de la frontera terrestre de la Unión Europea en África. El objetivo era recoger las peticiones del Sindicato Unificado de Policía y trasladar al Parlamento Europeo la necesidad de que la UE asumiera plenamente que tenía su término precisamente ahí.

Entre otras actividades, visitamos el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), nos entrevistamos con el médico responsable y conversamos con ceutíes, de la administración y fuera de ella, preocupados por la situación de los menores en la institución. Que ya entonces resultaba grotesca.

Cuando preguntamos si aquellos menores eran huérfanos o algo similar, la respuesta fue más irónica de lo esperado y bastante sorpresiva: «Muchos de ellos desaparecen cuando se celebra algo en sus lugares de origen y luego vuelven». No nos lo podíamos creer. Hablaban de un estado de cosas que ya entonces era anómalo y disparatado: algunas familias marroquíes y, en última instancia, el propio Gobierno de Marruecos, dejaban a sus retoños en el «nido» español para que se los criaran. Más o menos como haría el cuco.

Difícil de entender para alguien de nuestra cultura. A un menor británico en Canarias o a uno alemán en Mallorca que apareciera solo en cualquier playa nunca se le enviaría a un centro de la Península para quedarse en España de por vida. ¿Por qué entonces es automático el reparto por toda la geografía española de cualquier menor marroquí que consigue entrar en el país? Y, encima, son jóvenes que reciben unos recursos públicos de los que no andan sobrados los menores españoles, y que suelen generar problemas de convivencia. Un premio, vamos. Y las atenciones al vecino no acaban aquí. Marruecos ha recibido más de 1.000 millones de euros de los impuestos españoles en los últimos tiempos: 755 millones para proyectos ferroviarios, 340 millones para una desaladora y decenas de partidas «sin contraprestación» (de lo del Sahara hablamos otro día).

Pues todo este inexplicable mimo es correspondido con eso que llaman agresiones «híbridas», como lanzarnos sin miramientos a casi 80.000 personas aterrorizando Ceuta y dejarnos, cuando regresan, un remanente variopinto en el que están esos menores extranjeros no acompañados (mena) que hay que quedarse sí o sí. No es de extrañar que crezca la sospecha de una tomadura de pelo al contribuyente. O Marruecos se aprovecha (lo hace), o ciertas ONGs que reciben fondos públicos (se habla de alrededor de 25 millones de euros en algunos programas) prefieren pensar en su propio interés que en el de un niño que debería regresar inmediatamente con su familia.

En España trabajan con menas diversas organizaciones como entidades del tercer sector ligadas a comunidades autónomas, la Cruz Roja, Save the Children, fundaciones religiosas y otras asociaciones locales de acogida. El coste por menor varía mucho según la comunidad y el tipo de recurso (centro de primera acogida, piso tutelado o programa de inserción). Estudios y datos públicos de distintas autonomías sitúan el gasto anual por plaza entre 30.000 y más de 60.000 euros, en función del personal, vivienda, educación, sanidad y seguimiento. Estas cifras no incluyen los costes policiales, judiciales o de convivencia que generan en algunos municipios. Un pastón.

Y ahora los tenemos varados en Ceuta. ¿Qué hacer? Mientras se dilucidan las mejores fórmulas para gestionar el problemón, urge valentía política a corto plazo. Desde un plante aunque tense mucho la situación en Ceuta (que no es descartable) a ideas nada descabelladas como gravar con los euros adicionales que hagan falta cada kilo de tomate o de lechuga que se envíe de Marruecos a la UE, destinándolos a la estancia y educación de los menores que permanecen en España. Y otro que empieza a ser un clamor y que está pidiendo hasta Sumar: que ningún país participe en eventos futbolísticos con una nación que planea gastar una fortuna en un estadio de 115.000 espectadores para el Mundial 2030 en gran parte arrancada de los bolsillos de los paganos españoles que cuidan de sus hijos.

Como les insistimos entonces a los compañeros de Bruselas, la frontera de Ceuta no es un problema local. Es la frontera sur de Europa. Tratar a los menores como si fueran huérfanos permanentes cuando muchos mantienen vínculos familiares activos distorsiona el sistema de protección, genera resentimiento social y derrocha recursos que en Marruecos se acabarán gastando en estadios lujosos o palacetes en París. Hay que echar al cuco, que es muy ídem, y que siempre acaba por botar del nido a los hijos del proveedor.