PSOE: más Broncano y menos vivienda

El Consejo de Garantías Estatutarias, el organismo que vela para que las leyes catalanas sean constitucionales, ha dado un buen varapalo al PSC y a los Comunes por la ley confiscatoria de vivienda, que, según ellos, era «contra la compra especulativa» y que constituía un claro atentado contra la libertad. Según el dictamen, esta norma totalitaria vulnera el derecho a la propiedad y a la herencia (artículo 33 de la Constitución), el derecho a la libertad de empresa (artículo 38), invade competencias estatales en materia de obligaciones contractuales (artículo 149) e incumple el Estatut en materia de derecho civil (artículo 129). Y es que la izquierda ha convertido la vivienda en el timo de la estampita: la usa como reclamo electoral mientras vacía los bolsillos de inquilinos y propietarios.

El PSOE ha gobernado cerca de treinta años desde la restauración de la democracia, los últimos ocho junto al populismo de Podemos y Sumar. Y su política de vivienda ha consistido en no crear un parque público de «soluciones habitacionales» digno de recibir ese nombre y en ahuyentar a los propietarios para que retiren sus pisos del mercado del alquiler, ante la inseguridad jurídica que han sembrado Pedro Sánchez y sus escuderos, Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, quienes convirtieron sus vicepresidencias en templos de la palabrería hueca y la inacción. Desde que Felipe González llegó al poder en 1982, y con un poder muy extendido por el territorio —comunidades autónomas y ayuntamientos— desde la restauración democrática, la izquierda española no ha tenido ningún interés en que existiera un parque suficiente de viviendas sociales, de promoción pública y destinadas al alquiler.

Podríamos debatir si es bueno o no que las administraciones públicas se dediquen a ejercer de promotoras, pero, dado que la izquierda ha piado tanto sobre los «malvados fondos buitre» y los «turistas que nos dejan sin pisos», podría haberse dedicado desde hace décadas a construir viviendas poco a poco. Así, ahora habría una alternativa para muchos españoles que no pueden acceder a una vivienda digna. Claro está que habría sido mejor facilitar la construcción de pisos en vez de instaurar continuos peajes, pero la especulación inmobiliaria ha sido uno de los principales financiadores de las políticas de muchos ayuntamientos, por no hablar de la financiación de los partidos y de los bolsillos que muchos cargos públicos han llenado. No ha habido iniciativa pública y se han impuesto todos los impuestos y trabas posibles a la iniciativa privada.

La inseguridad jurídica ante la inquiokupación es una de esas cosas que no se entienden. Si una familia es vulnerable y no puede seguir pagando el alquiler, no se puede hacer recaer ese coste sobre el propietario. Si el Gobierno de turno está realmente preocupado por este colectivo, debe crear una línea de ayudas públicas para que puedan pagar la renta mensual, una vez que los servicios sociales hayan comprobado que el problema existe. Lo que no se puede hacer es decirle al casero que se fastidie y que, además, ni se le ocurra cortar los suministros, mientras sigue pagándolos religiosamente. Así, no hay pequeño propietario que se atreva a poner su piso en alquiler.

Un gran fondo sí puede hacerlo. A fin de cuentas, puede prever en su planificación anual que habrá un 6 % o un 7 % de inquiokupas que no pagarán y repercutir ese coste entre el resto de su parque de viviendas. Ese margen de maniobra no lo tiene la familia que ha ahorrado, ha comprado a lo largo de su vida tres o cuatro pisos y espera obtener de ellos una renta que le permita disfrutar de una mejor jubilación, vivir de sus ahorros o ayudar a sus hijos. Pero esta izquierda lamentable que tenemos en España no plantea soluciones a los problemas; más bien crea problemas que después pretende resolver con presuntas soluciones que terminan siendo una auténtica pesadilla. Ocho años de gobierno «progresista» para que miles y miles de personas tengan que pagar 600 euros de alquiler por una habitación en las grandes ciudades mientras, por poner solo un ejemplo, David Broncano y su equipo han conseguido 60 millones de euros públicos para contar chistes sanchistas en La 1.