Torra: «He comido butifarra con judías y según las preguntas del juez, la cosa saldrá por un lado u otro»

Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha tirado de desprecio y ha dicho en tono de burla que declarará ante el juez en función de la comida que tomó ayer: «He comido butifarra con judías y según las preguntas del juez, la cosa saldrá por un lado u otro».

Este domingo durante una «dinar groc» (almuerzo amarillo) en Bescanó (Gerona) con un centenar de personas, el presidente autonómico dijo que en el juicio por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acusará al Estado directamente de «vulnerar mis derechos y los de todos los catalanes».

Torra pretende acusar al Estado de «vulneración de derechos» en lugar de acudir a defenderse por desobedecer la orden judicial de retirar los lazos amarillos de edificios públicos.

«No voy a defenderme de nada porque cumplí con mi deber como presidente, defender los derechos y las libertades», apuntó Torra. A continuación aplaudió la reacción de parte de la población de Cataluña tras la «infame» sentencia de procés. Celebra que «el pueblo haya reaccionado frente a una sentencia injusta» y ha confesado: «Me hubiera decepcionado que mi país no hubiera salido a la calle».

Horas antes, en una entrevista concedida en Al Jazeera, manifestó su convencimiento de que tras el juicio no será inhabilitado.

Demà no vaig a defensar-me de res perquè vaig complir el meu deure com a President: defensar els drets i les llibertats. Demà vaig a acusar l’estat de vulnerar els meus drets i els de tots els ciutadans. Moltes gràcies a tothom que m’ha fet arribar el seu suport. Abraçades pic.twitter.com/FmBvMx3BdM

— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) November 17, 2019

Dos años de inhabilitación

En función del desarrollo del juicio, Torra se enfrenta a dos años de inhabilitación por no cumplir la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos de los edificios públicos en la campaña del 28-A.

Torra confesó que en un primer momento valoró la opción de ignorar a la justicia y no acudir a la declaración. Quería alegar que el día marcado había pleno en el Parlament. Finalmente ha ido al Palau de Justicia arropado por parte del Gobierno regional que encabeza, consejeros tanto de JxCat como de ERC, así como por los líderes de las entidades independentistas, que han convocado al secesionismo a concentrarse en apoyo del jefe del Ejecutivo autonómico.

De esta forma, Torra se convierte en el tercer presidente catalán consecutivo acorralado por la Justicia por su papel en el proceso independentista. Tras la sentencia podría ser suspendido en sus funciones de gobierno o de cargo público, una pena que podría apartarle del Govern catalán una vez que la sentencia sea firme.

Vox pide cárcel

Por un lado, la Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación local, autonómico, estatal o europeo y una multa de 30.000 euros. Por su parte Vox que ejerce acusación popular en la causa, eleva hasta los dos años de cárcel y la sanción hasta los 72.000 euros.

La sentencia se espera que no tarde más de unas semanas. Tras ello, Torra podría recurrir al Tribunal Supremo. Hasta que el Alto Tribunal no ratificara la sentencia inicial, el político catalán podría seguir al frente del Ejecutivo. De esta forma, como este órgano judicial se demora al menos nueve meses habitualmente en sus fallos, Torra tiene asegurado un año su puesto si no hay elecciones autonómicas antes. En todo caso, podría presentarse como candidato.

En su declaración como investigado en mayo, Torra contestó las preguntas del fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, en una intervención en la que apeló a la libertad de expresión. Con esta intervención se desmarcó de su predecesor Artur Mas, que en el juicio del 9-N se negó a responder al ministerio público.

Torra confirmó ante el juez Carlos Ramos que desobedeció la orden de retirar los lazos, al considerarla «ilegal». El político creía que por encima estaba el «mandato superior» de la ciudadanía. Algo similar podría defender este lunes.

Denuncia de Ciudadanos

Fue la Fiscalía la que, a raíz de una denuncia de Ciudadanos, presentó la querella que ha dado pie a juzgar a Torra por no retirar los lazos. En todo caso, estos símbolos fueron retirados finalmente del Palau de la Generalitat, aunque ya fuera de plazo.

La Junta Electoral dictó el 11 de marzo pasado su primera orden de retirar los lazos, que el presidente catalán desoyó, por lo que el 18 de marzo se dictó un segundo requerimiento cuya suspensión solicitó Torra, alegando que le era imposible cumplirla, ante la multitud de edificios de la Generalitat que exhibían simbología a favor de los políticos presos.

Ante esto, Torra jugó al despiste y puso sobre la pancarta del lazo amarillo otra igual, de color blanco y con un símbolo a favor de la libertad de expresión. Sin embargo, la Junta Electoral rechazó esa alternativa y dio un nuevo ultimátum a Torra para que la quitara.

Finalmente, el 22 de marzo se retiró la pancarta con el lazo blanco que colgaba del Palau de la Generalitat, mientras la Junta Electoral ordenaba al Departamento de Interior hacer lo propio en todos los edificios públicos, con lo que los Mossos d’Esquadra recorrieron Cataluña quitando símbolos de apoyo a los presos de todo tipo de oficinas de la administración y centros educativos.

Finalmente, concluido el período electoral, el Govern volvió a colgar un lazo amarillo del balcón de la fachada del Palau. A lo que en septiembre la sala contenciosa del TSJC ordenó de nuevo retirarla, para preservar la neutralidad del edificio, en base a un recurso presentado por la asociación Impulso Ciudadano.

En esta ocasión, Torra no mantuvo el pulso con los tribunales a cuenta de los símbolos independentistas y, el 27 de septiembre, instó a retirar el lazo del balcón del Palau, que varios activistas independentistas sustituyeron por una pancarta a favor de la libertad de expresión.