El diputado del PDeCAT Jordi Xuclà

Un separatista es la única voz de España en la elección de jueces del Tribunal de Estrasburgo

PDeCAT
El diputado del PDeCAT Jordi Xuclà.

El diputado del PDeCAT Jordi Xuclà ha sido el único representante del Congreso y Senado en la reunión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada este viernes en París.

El encuentro tenía como orden del día el estudio para la elección de jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ya que este órgano es el encargado de examinar a los aspirantes al puesto.

Xuclá fue el único miembro de la delegación española que se desplazó a la capital francesa -en un viaje pagado por el Congreso- pese a que la integran un total de 25 miembros, entre diputados y senadores.

Se da además la circunstancia de que, el pasado mayo, la Comisión de Reglamento de esta Asamblea inhabilitó al diputado-junto al senador del PP, Pedro Agramunt- por infracción «grave»  por no respetar el código ético de observadores internacionales del organismo- y en concreto el principio de confidencialidad-en las elecciones de 2015 en Azerbaiyán. 

Inhabilitado por dos años

Por ese motivo, Xuclá se encuentra inhabilitado durante dos años para «ejercer mandatos de ponente o de observador de unas elecciones» de ser presidentes o vicepresidentes de una comisión o subcomisión o de postular a la presidencia de la Asamblea. Sin embargo, sí conserva derechos como el de voto, a tomar la palabra o a presentar iniciativas, mociones y enmiendas.

Además, no podrá representar a la APCE o a sus comisiones durante eventos organizados por otros organismos ni enviar preguntas al Comité de Ministros, órgano ejecutivo del Consejo de Europa.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la instancia superior a la que, precisamente, los independentistas llevan sus reclamaciones contra el Estado español.

Contra el secesionismo

Hasta el momento, este tribunal ha avalado la acción de la Justicia contra el secesionismo, ratificando, por ejemplo, los requisitos que el Tribunal Constitucional fijó, en enero, para una eventual investidura como president de Carles Puigdemont. 

El tribunal respondió así, el pasado marzo, a dos solicitudes de ciudadanos catalanes en las que se solicitaba una suspensión cautelar de estos requisitos, estimando que esa medida solo se aplicaría «cuando hay riesgo de un daño irreparable», y por lo tanto se dictan únicamente «en situaciones limitadas». «Los casos más habituales son aquellos en que se teme que haya amenazas sobre la vida o malos tratos», subrayó el tribunal.

En su momento, la defensa del segundo candidato a la investidura Jordi Sànchez anunció también que iba a acudir al TEDH para poder ser elegido en el Parlament después de que el Tribunal Supremo rechazara darle un permiso para salir de la cárcel.

Ante este escenario, el presidente del Parlament, Roger Torrent, suspendió el pleno de investidura hasta obtener el pronunciamiento del TEDH, pero la defensa de Sánchez cambió de estrategia y optó por recurrir primero ante el Supremo.

Los independentistas ven, sin embargo, en este órgano superior de la Justicia europea una forma de internacionalizar sus reivindicaciones y ataques contra España.

En marzo, por ejemplo, el Tribunal falló contra España en el caso de la quema de imágenes del Rey, al considerar que la pena de cárcel impuesta a dos personas que lo hicieron en 2007 supone una «injerencia» desproporcionada.

Puigdemont aplaudió esa sentencia y consideró que la vía internacional era la «más efectiva» para «hacer caer el régimen instalado en España».

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