Abascal equipara a Abogacía del Estado y abogados de etarras por «deslegitimar» informes policiales

La decisión de la Abogacía del Estado de recurrir la investigación judicial por la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, respecto a la manifestación feminista del 8-M ha servido al líder de Vox, Santiago Abascal, para recordar la actuación de los abogados etarras.

El presidente de Vox ha comparado esta martes a la Abogacía del Estado con los letrados de miembros de la banda terrorista ETA por «deslegitimar» informes de la Guardia Civil, que es lo que, según ha indicado, están haciendo este órgano y el Gobierno del PSOE y Podemos.

«Y la Abogacía del Estado (de Sánchez-Iglesias) deslegitimando los informes de la Guardia Civil igual que hacían los abogados etarras. ¡Indignos!», ha escrito Santiago Abascal en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Así se ha referido Santiago Abascal al escrito en el que la Abogacía del Estado insta a archivar las diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por prevaricación, en la causa que lleva la juez Carmen Rodríguez-Medel, por permitir la manifestación del pasado 8 de marzo por el Día de la Mujer y otros eventos multitudinarios pese al riesgo de contagio del coronavirus.

Abogacía del Estado

La Abogacía del Estado, que sostiene que Franco «actuó correctamente en el ejercicio de sus competencias» al no prohibir la marcha del 8-M, descalifica los informes incriminatorios elaborados por la Guardia Civil por su «total ausencia de fiabilidad y credibilidad».

Recientemente, la Abogacía del Estado arremetió contra la jueza que investiga la concentración el Día de la Mujer al acusarla de abrir una «causa general» y «prospectiva» contra la gestión de la crisis sanitaria.

En el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que abrió el procedimiento penal contra el delegado del Gobierno, Jose Manuel Franco, por no prohibir el 8-M, y que la Abogacía pide revocar, apuntan, además, que vulnera la normativa de aplicación del estado de alarma por impulsar una investigación sin urgencia alguna.

En el escrito, los servicios jurídicos del Gobierno arremetían contra la magistrada que «en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados, desborda el ámbito competencial que ella misma ha acotado previamente para delimitar su competencia». «Y solicita -añade- de la policía judicial que recabe información no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

La defensa jurídica del Gobierno alertaba del «carácter prospectivo de la investigación» porque la magistrada hizo «un esfuerzo argumentativo» por «motivar lo que ella misma reconoce difícil de apreciar» ya que «de la denuncia no se desprendía ningún indicio» de que el hecho por el que se investiga a Franco pudiera ser delictivo. Asimismo, muestra su asombro por la «sorprendente celeridad» de la magistrada para admitir a trámite la denuncia de un particular en pleno estado de alarma que tenía una normativa muy estricta con la suspensión de todos los procedimientos judiciales no esenciales.

Recurso rechazado

Considera que «la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma». Esto es así porque el decreto señala que, salvo las causas con presos o detenidos, el juez o tribunal competente solo podrá acordar la práctica de «aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.»

Pero hoy la instructora del caso ha rechazado el recurso ha rechazado archivar el caso el desestimar la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid. Asimismo, mantiene la declaración de Franco prevista para este miércoles.

Además la instructora ha puesto de manifiesto las trabas a la investigación de la Guardia Civil cuando expresa que «para evitar dilaciones injustificadas en la remisión de documentación y propiciar que la Guardia Civil actuante no tuviera que estar reiterando sucesivamente la necesidad de que los oficios se cumplimentaran para poder continuar con la investigación, en definitiva, para facilitar la labor de los agentes actuantes, se optó por la fijación del plazo desde este órgano judicial, sistema que, dicho sea de paso, ha resultado eficaz para poder recabar finalmente (en ocasiones, tras no pocos esfuerzos) la documentación necesaria para el análisis que nos ocupa en esta causa». Y habla más adelante de «las dificultades halladas para obtener contestación a los oficios».