Sánchez y su timo de la estampita en la luz: bajará el recibo pero subirá el gas natural y la gasolina

Pedro Sánchez está a punto de bordar su obra energética. Pretende sacar las primas a las renovables del recibo de la luz para bajar -aparentemente- el coste de la electricidad. Pero lo cierto es que no eliminará esos pagos en realidad: tan sólo pasará esos costes de un recibo a otro. Quiere que las primas se paguen desde un fondo de sostenibilidad energética que deberán abonar, entre otros, las compañías de hidrocarburos (como el gasóleo y la gasolina) y los propios consumidores de gas natural. Resultado: lo que se quite del recibo de la luz, se pagará en la tarifa del gas natural o en cada litro de combustible que consuman los ciudadanos españoles.

Todo un timo de la estampita: te enseño un billete y te doy una estampita. O, lo que es lo mismo, te enseño un recibo con rebajas y te hago pagar dos con subidas. Ese es el mecanismo estrella diseñado por Pedro Sánchez para aliviar el recibo de la luz. Su plan pasa no por bajar impuestos ni por asumir los costes públicos camuflados en el recibo para que sean pagados desde los Presupuestos Generales del Estado. No: su plan pasa por transferir esos costes de una mano a otra, hasta que los consumidores no tengan capacidad de identificar el motivo por el que pagan más. Aunque paguen claramente más.

El esquema legislativo diseñado con este fin ya está en marcha. Se trata del fondo de sostenibilidad energética. Un mecanismo con el que el Gobierno pretende sacar los costes por RECORE (las antiguas primas a renovables) del recibo de la luz para que sean abonados desde otros sitios y de otra manera aún más opaca.

El artículo 4 del futuro texto legal que pretende crear este fondo deja claro quién va a pagar los costes: «Aportaciones de los operadores en los sectores energéticos”, destaca el titular del punto en cuestión. Y allí se señala que “estarán obligados a realizar una aportación anual al FNSSE, que se calculará de acuerdo con lo establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo, los siguientes sujetos (en adelante, «los sujetos obligados»):
a)  Las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad.
b)  Los consumidores directos en mercado de electricidad.
c)  Los consumidores directos de gas natural.
d)  Los operadores de productos petrolíferos al por mayor.
e)  Los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los distribuidores de productos petrolíferos en la parte de sus ventas y/o consumos anuales en el mercado nacional no suministrada por los operadores al por mayor o por otros distribuidores al por menor.
f) Los consumidores de productos petrolíferos, en la parte de su consumo anual no suministrada por operadores al por mayor o por las empresas que desarrollen una actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos”.

Traducido, los propios consumidores de gas natural tendrán una repercusión en su recibo mensual. Y las compañías de productos petrolíferos se sumarán a la quema, con lo que, obviamente, repercutirán esos costes en el precio final de la venta de gasóleo y gasolina a los conductores.

Pero el efecto espejismo ya estará logrado. De un recibo, el de la luz, habrán desaparecido los costes de las primas a renovables, y en otros, los del gas y gasolinas, se verán crecimientos del precio, eso sí, totalmente opacos y sin explicación aparente.

Pedro Sánchez ha pensado en esta fórmula para sacudirse la presión por la subida del recibo de la luz. El Gobierno no quiere asumir grandes sacrificios renunciando a impuestos, pero quiere sacar del recibo de la luz el pago que corresponde al apoyo a las renovables. Para financiar esos pagos pretende crear el citado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Y allí estarán también las propias eléctricas para que asuman parte de ese abono, en muchas ocasiones, a ellas mismas.

El Consejo de Ministros aprobó en junio el Proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Los objetivos que se anunciaron en aquel momento para el fondo eran cuatro: «Dar las señales adecuadas para la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones para la transición energética y conseguir reducir la factura para hogares y empresas». Este último punto es el que más está centrando ahora la atención del Gobierno, porque pretende trasladar a ese fondo parte de los costes regulados que pagan ahora todos los consumidores en su recibo de la luz. Al quitar esa partida, en teoría, debería bajar el recibo (siempre que las eléctricas no repercutan los costes en el precio del kW), y quien pasaría a pagarlo sería el fondo citado, donde el Gobierno pretende que estén todas las energéticas -renovables y no renovables- para financiar ese coste sin que tenga que hacer ningún esfuerzo fiscal el Gobierno.